Una nueva batalla judicial se desató en las últimas horas entre el gobierno de Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Kirchner, a propósito de la usina de pensamiento que lidera, el ‘Instituto Patria’. Concretamente, el ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, pidió el juicio político por “mal desempaño” para tres jueces de la Cámara Civil que días atrás le dieron el aval judicial a ese organismo para que mantenga en reserva lo datos de sus asociados.
Se trata de los camaristas Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo. Integrantes de la Sala L de ese fuero.
La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de la cartera de Justicia, le pidió al Consejo de la Magistratura que suspenda a esos camaristas por considerar que dictaron un “fallo político”, y requirieron que se los acuse ante un jury. “La sentencia está viciada de parcialidad y arbitrariedad”, señaló el organismo del Poder Ejecutivo.
En los últimos meses, la IGJ requirió copia del libro de asociados del instituto, documento en el que deben constar las rendiciones que realizan los socios para garantizar su funcionamiento y que, según entiende el Gobierno, es de orden público.
Ante el pedido, desde la fundación que lidera la ex jefa de Estado denunciaron “persecución política”, y se negaron a remitir esa información aduciendo que es de carácter “sensible” y privada, amparándose en la ley de datos personales.
La Sala L consideró que “la manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia”.
Por su parte, la IGJ ahora cuestiona el fallo de los camaristas por considerarlo contrario a la ley. “Puso en crisis al organismo vaciándolo de contenido con respecto a sus competencias en materia de asociaciones civiles”, señaló el organismo en su pedido de juicio político.
“La IGJ solicitó datos de carácter meramente nominativos a los fines de poder fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios”, señaló el escrito, y alegó que de este modo “no se podrá verificar la licitud o ilicitud del origen de los fondos” de la fundación de la ex presidenta.
El organismo del Gobierno fue más allá y apuntó a una de las juezas, Pérez Pardo, ya que figura como vocal de Justicia Legítima. “La magistrada podría tener un interés en el resultado del pleito, y es por eso que se tendría que haber excusado”, dijo la IGJ.