Con el correr de los días, crece el escándalo sobre los falsos aportes de campaña para Cambiemos en las elecciones de 2017: a pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Sebastián Casanello resolvió abrir una investigación penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los responsables financieros formales de la campaña de Cambiemos de 2017 en la provincia de Buenos Aires (Alfredo Irigoin y Silvia Chabán), sin descartar que puedan sumarse nuevos implicados.
Hace dos semanas, pudo establecerse que la coalición gobernante utilizó el nombre de cientos de pobres en la provincia de Buenos Aires para lavar dinero de esa campaña, cuando llevó como candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
La causa comenzó a partir de una denuncia de la organización ‘La Alameda’, en base a una investigación realizada por “El Destape”, que reveló 476 nombres de beneficiarios sociales que supuestamente habían aportado a la campaña pero que, sin embargo, aseguran que nunca participaron financieramente de ella.
Y esto ocurre después de que el fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, recibiera la primera parte del informe solicitado a la Cámara Nacional Electoral, el cual arrojó un resultado contundente: 99 % de los supuestos aportantes beneficiarios de planes sociales también fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a ese documento, la casi totalidad de los supuesto financistas señalados como beneficiarios de planes sociales que jamás aportaron un centavo a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en territorio bonaerense, figuran como integrantes del PRO, algunos incluso desde el año 2006.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue una de las máximas responsables de la campaña bonaerense en 2017, que llevó a Ocaña y Hector “Toty” Flores como candidatos a diputados, y a Bullrich y Gladys González como postulantes a senadores.
Días atrás, la titular del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana-Fpv, Teresa García, anunció que impulsará la investigación de los aportes de campaña electoral de Cambiemos durante 2017, y aseguró que “el oficialismo no tiene ningún respeto por la dignidad de los bonaerenses”.
La legisladora sostuvo que “la Justicia va a tener que investigar a Marcos Peña, que facilitó la base de datos para la campaña de su partido, a la ministra (de Desarrollo Social) Carolina Stanley, que disponía de la información de los beneficiarios, y al ministro bonaerense Federico Salvai, que maneja el territorio provincial”.
Por su parte, la ONG “La Alameda” denunció por asociación ilícita, lavado de activos y falsedad de documento público a los diputados Ocaña y Flores, y a los senadores Bullrich y González.