La justicia imputó al presidente Mauricio Macri y a varios miembros de su Gobierno por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que solicitó que sea paralizado.
El fiscal Jorge di Lello hace así lugar a una denuncia presentada por miembros del partido político Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, por lo que envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del Gobierno.
Además de Macri, el fiscal imputó al jefe del Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; al presidente del Banco Central, Luis Caputo, y “a todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable”.
Esta situación justamente se registra en momentos en que Dujovne se reunió en Washington con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para renegociar el convenio con el organismo financiero, con el fin de acelerar el cobro de una nueva partida de los 50.000 millones de dólares.
En su resolución, Di Lello señala: “Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido”.
En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su denuncia que la conducta del Gobierno para acordar en el mes de junio último con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares, es “violatoria de la Constitución”.
Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tendría que haber sometido el acuerdo al estudio del Poder Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.
“El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando facultades del Congreso”, añaden los denunciantes.
Asimismo, exigen que cautelarmente se suspenda la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de” futuros retiros o solicitud de fondos” de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15.000 millones).
Con base en esto, Di Lello le transmitió a Ercolini que confía en su “elevado criterio” para decidir si corresponde dictar estas medidas, y así evitar los “perjuicios económicos y sociales” que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del programa financiero, o bien permitir que continúe el plan.
“Ahora está en manos del juez federal Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento unilateral firmado por el Gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía argentina”, señalaron los denunciantes en un comunicado.
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No creo que tengan problemas, para mi amargura están amparados por la delegación de facultades de negociación de deuda pública otorgada por el Congreso con la colaboración de los bloques del Frente Renovador y del Peornismo a través de la ley de pago a los buitres y los Presupuestos 2017 y 2018.
Nunca menos y abrazos