Patricia Bullrich cada vez más peligrosa: revisa los perfiles de Facebook para buscar y denunciar “terroristas”

El Ministerio de Seguridad reconoció ante la Justicia, que fue a partir de datos recolectados en Facebook la razón por la que consideraron que una docente y militante social de La Plata estaba vinculada con la RAM, pero intentaron bajarle el tono al documento al remarcar su carácter de “informe” y no de “investigación”.

Así lo denunció la agrupación jurídica de derechos humanos ‘Justicia Ya’, al precisar que la cartera a cargo de Patricia Bullrich “está reconociendo que realiza investigaciones de inteligencia en redes sociales, que espía los perfiles de la gente, y que con los datos que encuentra, sin más, elabora un informe en el que establece acusaciones”.

Por esa razón, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 de La Plata otorgó un hábeas corpus preventivo a la mujer, al tiempo que exhortó al Ministerio de Seguridad, a que “extremen los debidos recaudos a efectos garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales” de la denunciante, y “velar para que se evite todo menoscabo a los mismos ante el supuesto de incluirla en investigaciones o informes”.

Según revela Página/12, quien solicitó la medida de protección es M.C., maestra jardinera, militante social y sindical que, con el acompañamiento de ‘Justica Ya’ se presentó en el juzgado de Ernesto Kreplak para reclamar, a través de un hábeas corpus preventivo, que “se adopten las medidas necesarias para garantizar” su “libertad ambulatoria e integridad física”.

El origen del pedido surgió tras haber vinculado dos intrusiones violentas a su casa, luego de que el ministerio de Bullrich la incluyó con nombre y apellido en el “Informe RAM”, que publicó para intentar quitarse de encima su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado a través de la denuncia del “accionar violento y delictivo” del supuesto grupo Resistencia Ancestral Mapuche.

En tal sentido, la mujer advirtió ante el juez que entre abril y mayo, en dos oportunidades, la casa donde vivía con su hija, menor de edad, fue “violentada”. En ninguno de los episodios le robaron elementos de valor. Sólo rompieron cosas y “se llevaron papeles e información personal”. Ante Kreplak, M. C. vinculó los hechos con “una persecución hacia su persona debido a su militancia política, y especialmente con la inclusión de su nombre en un informe difundido por el Ministerio de Seguridad en el mes de diciembre de 2017, denominado ‘Informe RAM’”. Lo más grave, es que fue vinculada luego de haber revisado su perfil de Facebook.

Un perfil con un nombre que no es el real de la militante, que integraba un grupo de esa red social llamado “Colectivo Anarquista Regional La Plata”, que “interactuaba en las redes con Nadia Paris y Moira Ivana Millán, referentes de la RAM, además de tenerlas como amigas”, transcribió el juez en su fallo, en el que no hizo lugar a la “discusión semántica” que estableció el ministerio.

“Es evidente que desde el órgano estatal referido se han efectuado de manera oficiosa averiguaciones respecto de M. C., que han implicado una búsqueda direccionada de información referida a su persona”, señaló Kreplak.

Los episodios violentos en su domicilio no fueron el único costo que provocó en su vida cotidiana la vinculación con la RAM que el Ministerio de Seguridad hizo de ella. Porque también perdió algunos trabajos en jardines de infantes privados. “La verdadera y más grave consecuencia de todo esto –concluyeron en ‘Justicia Ya’– es la persecución política a los militantes sociales para infundir terror sobre lo que su activismo pueda llegarles a ocasionar.”