La gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, fueron denunciados por “abandono de persona, seguida de muerte” por ser “directamente responsables de las muertes” de 10 detenidos en la comisaría 3 de Esteba Echeverría el 15 de noviembre pasado, en la que fue la máxima masacre de presos en comisarías ocurrida en la historia del país.
La denuncia fue radicada por el diputado nacional de Unidad Ciudadana, Horacio Pietragalla, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Lomas de Zamora y exige que se investigue a las máximas autoridades provinciales por la muerte de diez detenidos. El último de ellos fue Fernando Martín Arguello, de 33 años, quien falleció el 12 de diciembre en el Hospital Eva Perón de Lanús, tras un mes de agonía. Fernando estaba ilegalmente detenido, al igual que el resto de las víctimas, por un delito simple como el de tenencia de estupefacientes.
La responsabilidad del Estado en la causa que investiga en el juzgado de garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore, quedó de manifiesto a principios de diciembre, cuando la propia Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría aquella madrugada. A pesar del grado de responsabilidad estatal, el ministro Ritondo y la gobernadora Vidal aún no se pronunciaron sobre la masacre.
La situación de las comisarías bonaerenses es denunciada en forma sostenida por el organismo de derechos humanos, que la semana pasada exigieron ante la CIDH la ampliación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los detenidos y el cese de su uso para alojamiento permanente. El reclamo lo llevó junto la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el marco de una audiencia en la que el Estado nacional y el Estado provincial reconocieron la gravedad de la situación. Uno de los datos alarmantes que los organismos recordaron fue que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas y 118 continúan alojando detenidos.