En medio de los últimos cortocirccuitos, para cerrar el año, la Corte Suprema le asestó otro duro golpe al Gobierno: el máximo tribunal rechazó el recurso de queja pedido por los abogados del Correo Argentino S.A, firma manejada por el Grupo Macri, para desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso preventivo abierto en septiembre de 2001, luego de que el holding de la familia presidencial consiguiera privatizar y manejar la firma durante el menemismo.
Y para que el mazazo resulte más contundente todavía, el rechazo fue por el voto unánime de los cinco miembros de la Corte, incluido su titular y comodín del Gobierno, Carlos Rosenkrantz.
Sin lugar a dudas, este espaldarazo a Boquín es una muy mala noticia para el gobierno, que desde hace un año viene buscando su desplazamiento como una forma de, además, frustrar una investigación impulsada que tiene por objetivo una pericia de los libros contables para determinar si existieron maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad del Grupo Macri.
Así, los abogados del Correo S.A agotaron las instancias para evitar que se llevan adelante una serie de medidas clave solicitadas por la fiscal, y que apuntan a investigar el corazón del holding de la familia presidencial.
En diversos escritos que constan en el expediente, los Macri acusaron a Boquin de tener “un objetivo mediático y político” y llevar adelante una “aventura procesal”. En el recurso extraordinario a la Corte insistieron con que la fiscala Boquin “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso”.
El pedido para separar a Boquín había sido rechazado en primera instancia y también por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que reconoció la “legitimación” para requerir medidas. En ese momento, se rechazó el recurso extraordinario presentado por los abogados del Correo S.A. para llegar a la Corte Suprema, por lo que el único recurso pendiente era el recurso en queja.
La causa, que lleva años sin avanzar, tomó estado público a principios de 2017, cuando la fiscal se opuso al acuerdo que intentó cerrar el Estado, que favorecía al Grupo Macri con una condonación de deuda de más de $ 70 mil millones.
El escándalo había alcanzado tal dimensión, que hasta Macri se vio obligado a ofrecer una conferencia de prensa en la que pidió volver a foja cero, y avanzar en la investigación, que sigue siendo demorado por los abogado del holding familiar.
Tras rechazar el acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador, la fiscala Boquin recibió todo tipo de agravios públicos por parte de la plana mayor del macrismo. También hubo diversas situaciones sospechosas, como el robo a su vehículo particular donde sólo se llevaron papeles, la aparición de su gato muerto en la puerta de su casa, y movimientos extraños en su custodia, entre otras. Pero, mal que le pese al Gobierno, con esta resolución de la Corte queda zanjada la cuestión de su legitimidad.