Central Puerto, propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, fue la única empresa que quedó a un paso de ganar la licitación de las únicas dos privatizaciones que lleva adelante el gobierno de Cambiemos: las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López.
De esta manera, el empresario quedó a punto de ser beneficiado nuevamente por un contrato en el sector energético, que lo consolidaría como el principal jugador en el mercado de generación eléctrica. Su compañía se adjudicó numerosos proyectos durante la administración Macri, y desembarcó en el sector eólico con siete parques en ejecución.
Se trata de la primera privatización de la era Macri, que incluso en su momento fue duramente cuestionada por la UCR –en oportunidad de repudiar el intento de privatización de Transener-, y que terminará convirtiéndose en un escandaloso regalo a su amigo de un activo estratégico del Estado.
Sin embargo, tan burda sería la maniobra para favorecer a Caputo, que debido a una denuncia de diputados del kirchnerismo, ahora la Justicia Federal imputó al presidente por intentar vender “a precio vil” esas centrales.
Junto a Macri, quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
La denuncia fue presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.
La causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas -quien ya había rechazado una cautelar de la oposición para suspender el proceso licitatorio de las usinas, motivo por el cual en el Gobierno piensan que no prosperará-, se origina a partir de una tasación de los bienes que, según los legisladores, le ocasionaría una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.
Según consta en la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello.
Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno le entregó a Iecsa (empresa Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.
La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron “de los dos lados del mostrador”, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.
Mientras tanto, los intereses de Caputo exceden el mercado energético. Después de su nombramiento como cónsul honorario de Singapur – aprobado en Diputados a principios de diciembre-, salió a jugar fuerte para quedarse con el control del Puerto de Buenos Aires y de las principales terminales aeroportuarias que maneja Eduardo Eurnekian, de la mano del poder financiero de las firmas asiáticas.