Un presidente cada vez más aislado, atravesado por internas feroces y sin respaldo social sólido, vuelve a mostrar su hoja de ruta: alivio fiscal para los sectores más poderosos y ajuste brutal para el resto de los argentinos.
En su discurso por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Milei anunció una nueva reducción de retenciones al agro. El trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio, mientras que la soja comenzará a bajar de manera gradual a partir de enero próximo, con recortes mensuales atados a la recaudación.
El mensaje fue claro: el Gobierno apuesta a seducir a los grandes exportadores y grupos concentrados, incluso prometiendo llevar a cero los derechos de exportación para sectores industriales como el automotriz, el petroquímico y el de maquinaria entre 2026 y 2027. Anuncios a futuro que buscan calmar a los mercados y garantizar apoyo político de los sectores más privilegiados.
Pero detrás de ese guiño al poder económico se esconde otra cara mucho más cruda. Mientras se reducen impuestos a los que más tienen, el Gobierno sostiene un esquema de ajuste que recae sobre trabajadores, jubilados y sectores medios.
En dos años, los salarios y las jubilaciones quedaron licuados frente a la inflación, mientras que los tarifazos en servicios básicos —luz, gas, agua, transporte y comunicaciones— golpearon de lleno en los ingresos populares. La ecuación es simple: lo que se resigna en recaudación por arriba, se recupera castigando por abajo.
En esa misma línea se inscribe la modificación del régimen de Zona Fría, que reduce subsidios energéticos en regiones vulnerables. La medida, que impacta de lleno en el invierno, anticipa un escenario crítico para miles de familias que tendrán dificultades para calefaccionarse.
Las críticas no tardaron en llegar. El gobernador Axel Kicillof advirtió que el Gobierno “vuelve a castigar al pueblo” y denunció que el ajuste “está cada vez más lejos de ser para la casta”, desnudando la contradicción central del discurso oficial.
A esto se suma el desmantelamiento de políticas públicas clave, como el Programa Remediar, que pasó de distribuir cerca de 100 medicamentos esenciales a apenas un puñado. Un recorte que impacta directamente en los sectores más vulnerables y en el sistema de salud primaria.
El deterioro social ya es inocultable. Informes recientes muestran que siete de cada diez trabajadores agotan su salario en menos de dos semanas, mientras los precios de alimentos y bebidas vuelven a acelerarse, impulsados por aumentos en carne y verduras.
El modelo se repite: beneficios para los sectores concentrados, ajuste para las mayorías. Un esquema que no sólo profundiza la desigualdad, sino que también erosiona el tejido social.
La motosierra no es para todos: mientras Milei le baja impuestos a los poderosos, el costo del “orden” lo siguen pagando los mismos de siempre. Y cada vez con menos margen para resistir.