Lejos de despejar las dudas, la tan esperada presentación de su declaración jurada terminó profundizando la crisis política y judicial que atraviesa Manuel Adorni. Lo que comenzó como una demora de más de tres meses para presentar la documentación patrimonial, derivó en una tormenta de cuestionamientos que hoy amenaza con erosionar seriamente su continuidad en el cargo.
A medida que avanzan las investigaciones, el todavía jefe de Gabinete enfrenta un escenario cada vez más complejo: la Justicia exige explicaciones, la oposición impulsa mecanismos institucionales para removerlo, y hasta sectores que integran o acompañan al oficialismo empezaron a tomar distancia de su defensa.
En el plano institucional, el gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus horas más críticas por el vendaval de cuestionamientos de propios y ajenos por el escándalo que rodea a Adorni. Las inconsistencias en su declaración jurada escalaron hasta convertirse en un reclamo de despido que ya no solo proviene del peronismo o la oposición más dura, sino de aliados estratégicos del oficialismo como el PRO, la UCR y sectores de centro como Provincias Unidas.
El golpe más reciente es el del ex gobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, quien junto a la senadora Alejandra Vigo y un nutrido grupo de diputados, sentenció en un comunicado que el funcionario no puede seguir en su cargo tras haber “mentido al pueblo argentino y ante el Congreso de la Nación”. Para Schiaretti, la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete es insostenible. “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio”, contrastó.
Este posicionamiento, respaldado por legisladores como Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, empieza a poner a la Casa Rosada cada vez bajo mayor presión, ya que se suma a pedidos de similares características por parte de todo el arco político. Incluso, desde las propias filas libertarias el respaldo a Adorni fue tibio, con funcionarios de segundo orden que salieron a bancar las inconsistentes justificaciones del jefe de Gabinete sobre el meteórico crecimiento de su fortuna.
Este escenario empieza a ser asfixiante para el oficialismo: en la Cámara de Diputados, un amplio espectro que incluye a Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT), la Coalición Cívica (CC) y las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano, entre otros, pidieron formalmente una sesión especial para el martes 23 de junio. El objetivo es tratar una moción de censura y proceder a la interpelación de Adorni, cuya figura se volvió el epicentro de la crisis tras admitir públicamente que posee “ahorros en negro” y justificar la aparición de 500.000 dólares en su patrimonio como un hallazgo fortuito de dinero en la casa de su padre, o como ganancias por inversiones en criptomonedas.
Mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza en una investigación por gastos y deudas que superan los 700.000 dólares, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel marcó distancia y exigió formalmente que Adorni cumpla con su obligación constitucional de presentarse ante el Senado, una rendición de cuentas que el funcionario evadió sistemáticamente desde que asumió. Hasta la propia Patricia Bullrich, aliada clave de los hermanos Milei, calificó las acciones de Adorni como a “omisión ética” que debe ser resuelta por la Justicia.
Paralelamente, la estrategia de la Casa de Gobierno de tildar estos reclamos como una maniobra para “voltear al Gobierno” parece no ser suficiente para detener un proceso de remoción que gana adeptos en cada rincón del Congreso.
Resulta más que evidente que el objetivo de todas las maniobras de Adorni es inventar que adquirió una importante suma de dinero previo a su llegada al gobierno para justificar sus gastos del último tiempo que no se condicen con el sueldo que tiene, como la compra de un departamento en Caballito y de una casa en un barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, que remodeló a nuevos, y sin vender su antigua vivienda.
Además, aparece su pulsión viajera, que desarrolló desde que entró a la Casa Rosada e incluyó destinos como Aruba, Punta del Este en avión privado y el lujoso Hotel Llao Llao en Bariloche, entre otros destinos. Eso explicaría por qué agregó los 565.000 dólares a su declaración jurada 2023 rectificada. Adorni tenía que inventar dinero para justificar gastos que son injustificables para el sueldo de un funcionario.
Ante este cuadro de situación se abren otros posibles delitos que la Justicia podría achacarle a Adorni como el de evasión, lavado de activos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Mientras, no hay coincidencia plena sobre la posibilidad de avanzar contra el jefe de Gabinete por el delito de “evasión”, en el que claramente incurrió por no declarar de mínima los 565 mil dólares que ahora “blanqueó”. ¿La razón? El haberse inscripto en el Régimen Simplificado de Ganancias, implementado por la Ley de Inocencia Fiscal.
Ante este escenario, el devenir de la causa que está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo –quien fuera el candidato fallido del gobierno a la Corte Suprema- puede sellar el futuro político de Adorni. Las últimas declaraciones del jefe de gabinete lejos de ayudarlo en su defensa lo comprometieron todavía más.