La causa en la que fueron detenidos cuatro extranjeros y 22 argentinos, durante un operativo represivo contra la movilización en octubre pasado contra la ley de Presupuesto, finalmente fue archivada: el fiscal penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, Federico Tropea, llegó a la conclusión de que no hay elementos para endilgarles responsabilidades penales, ya que no encontró ni una sola prueba de que estuvieran cometiendo un acto de violencia ni ningún delito ese día.
En aquel momento, se los acusó, en función de actas policiales, de delitos como atentado y resistencia a la autoridad y daños, durante los hechos ocurridos el 24 de octubre en las cercanías del Congreso nacional. Sobre el turco Anil Barán, los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas y el ciudadano paraguayo Luis Fretes, los medios hegemónicos se contaron historias asombrosas que los pintaban como espías o activistas violentos contra el G-20, como forma de profundizar el odio sobre los extranjeros.
Paralelamente, el Gobierno anunciaba con desprecio que les quitaría la residencia y los deportaría: “Buscamos expulsar lo más rápidamente a los extranjeros que ejercieron la violencia”, decía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mientras que el Director de Migraciones, Horacio García, pedía un juicio abreviado “como solución para expulsarlos”.
Sin embargo, el fiscal destacó que “no hay ni videos, ni fotos, ni otros elementos que permitan acreditar que estas personas cometieron algún delito. No tiran piedras ni agreden o resisten órdenes. El Centro de Investigaciones Judiciales analizó cientos de horas de filmaciones públicas y privadas en las que no aparece nada. Por eso se decide el archivo por falta de pruebas”.
La resolución de Tropea fue presentada ante la jueza María Tula del Moral, pero ya da la investigación por terminada, a menos que aparezca alguna prueba. La resolución rescata fallos referidos a movilizaciones –como las de la reforma previsional de 2017– anteriores en las que distintas fuerzas de seguridad realizaron detenciones a mansalva y al voleo, como si fuera un modus operandi. Hizo hincapié en un fallo del juez Sergio Torres que sobreseyó a 58 manifestantes, aunque procesó a once, pero señaló la arbitrariedad policial.
La particularidad de la represión de la protesta contra el Presupuesto 2019 fue el empecinamiento del Gobierno en poner el énfasis en que entre los detenidos había cuatro extranjeros, con el claro objetivo de generar la premisa de que si una persona de otra nacionalidad que se encuentra en el país comete un delito, entonces hay que expulsarla.