El gobierno está pendiente sobre los próximos pasos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definirá un cronograma para dictar sentencias sobre al menos tres casos sensibles para la administración de Mauricio Macri en medio de un año en el que el presidente buscará su reelección, y mientras la economía va de mal en peor.
En ese cronograma estarían el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios, como así también el reajuste de haberes según el índice de movilidad Badaro, y el cobro de ganancias a jubilados, a partir del caso García que podría provocar una ola de reclamos al Estado.
A esas cuestiones sensibles hay que sumar el amparo presentado por el diputado Felipe Solá, que cuestiona el decreto reglamentario del blanqueo que beneficia a la familia presidencial, y la posibilidad cierta de que el máximo tribunal favorezca a la provincia de Santa Fe en su reclamo por la coparticipación, por un monto de $ 45 mil millones.
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, colocado en ese sitial por el gobierno, ya anunció a sus allegados que, obviamente él prefiere correr del año electoral las definiciones que pueden tener un alto costo presupuestario, como son las resoluciones sobre temas previsionales.
Uno de los casos a evaluar será un fallo sobre una iniciativa del Defensor del Pueblo presentada en 2009 para que se les reconozcan a casi un millón de jubilados los reajustes mencionados en el Caso Badaro, una resolución de 2006 en la que se ordenó al Estado que pague un aumento de 88,3 % en los haberes de un jubilado comprendidos entre 2002 y 2006. También podría incluirse en la lista el caso de un jubilado que reclama que no se le descuente el Impuesto a las Ganancias.
Y por otra parte, sin lugar a dudas se trata de uno de los casos que más le inquieta al Gobierno, y que justo será tratado por la Corte Suprema de Justicia que, desde la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia del tribunal, se falló generalmente a contramano de los deseos de la Casa Rosada: se trata del amparo presentado por el diputado Felipe Solá, que cuestiona el decreto reglamentario del blanqueo.
En esencia, el legislador había denunciado que la ley aprobada en el Congreso en junio de 2016 no incluía a padres, cónyuges e hijos de funcionarios, pero que con posterioridad, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri, los habilitó y de esa manera benefició a no pocos integrantes de su propia familia.
Mientras, días atrás, y en un duro fallo contra la gestión de Cambiemos, la Corte dispuso que el Gobierno nacional deberá pagarle $ 15 mil millones a la provincia de San Luis en concepto de coparticipación. Y en la Casa Rosada, además del malestar que provocó esta resolución, la inquietud aumenta a futuro, porque con este antecedente, se espera un fallo similar que favorezca a la provincia de Santa Fe, pero por un monto tres veces mayor: $ 45 mil millones.