Quienes tienen diálogo con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia contaron ayer que están “recalientes” con el gobierno de Cambiemos al enterarse que la red de espionaje ilegal, que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, los espiaba a ellos y sus movimientos.
Al aparecer detalles sobre la investigación, en especial sobre los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en la Casa Rosada hay un “silencio atronador”. Saben que a partir de conocerse este hecho será muy difícil que prospere la idea del gobierno de sacarle la causa al juez de Dolores.
La red de espionaje ilegal integrada por miembros y ex miembros de la AFI, más jueces, fiscales y periodistas afines del gobierno, nació con la intención de meter presa a la ex presidenta Cristina Kirchner y a los funcionarios del gobierno anterior. El problema es que la red de espionaje, además de la tarea central de ir por el kirchnerismo, comenzó a extorsionar empresarios y terminó investigando delitos privados como el ex marido de la actual mujer de Stornelli, los movimientos económicos y amoríos de la gobernadora María Eugenia Vidal, periodistas como los de Animales Sueltos y los movimientos de los jueces de la Corte, especialmente las llamadas telefónicas y los viajes al exterior.
En la declaraciones del espía Rolando “Rolo” Barreiro, quien pidió ser “arrepentido”, relató que en marzo de 2016, el ministro Germán Garavano se reunió con el detenido Leonardo Fariña, a quien le prometió plata y vivir cómodamente en una casa, si involucraba a la ex presidenta con el empresario Lázaro Báez. En la reunión donde participó la abogada Giselle Robles, quien luego renunció, los espías comenzaron a amedrentarla para que no se le ocurriera “hablar”.
El juez decidió ayer citar para el jueves a uno de los socios de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, ya que fue mencionado varias veces por los viajes junto al presidente de la Corte a Panamá.
Barreiro contó que la mayoría de los datos de los empresarios, incluso de los viajes de los miembros de la Corte, salían del fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone. Según lo que dijo Barreiro, Bidone cobró por ese trabajo y una prueba sería el pago de pasajes a Cancún para el fiscal y su familia. La compra del paquete se hizo en una agencia de Canning, donde vive D’Alessio, y el pago lo hizo una mujer que se llama Julieta y que sería la secretaria de D’Alessio.
Ademas del escándalo de la Corte, Horacio Verbitsky contó en su blog El Cohete en la Luna, que el productor Gabriel Hochbaum, el amigo de María Eugenia Vidal no fue “el que recibió fondos reservados para la adquisición de acciones del Grupo América, sino que fue Alfredo Vila, hermano de Daniel y reiteró que “mantenía un feliz matrimonio desde hace años con su esposa”, aclarando que no era el amante de la gobernadora.
Según Hochbaum, en la información publicada por Verbitsky, quien recibió los fondos provinciales fue Agustín Vila, quien integra junto con él un flamante Comité Ejecutivo. Desde la Gobernación hay bronca por la información encontrada en la computadora de D’Alessio. Trascendió que Vidal habló tanto con Macri como con Arribas y ambos “le juraron” que no la investigaban. Ella no les creyó pero no hará declaraciones publicas para no hundir más la imagen del presidente.
Por último, en las declaraciones del espia Barreiro, aparecen mencionados los periodistas Daniel Santoro, Luis Majul y Eduardo Feinmann como “clientes” de la red de espionaje ilegal comandada entre otros por Marcelo D’Alessio.