A pesar de la brutal embestida del Gobierno de Mauricio Macri para destituirlo, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quedó primero en la terna del Consejo de la Magistratura, para cubrir el cargo vacante en el Juzgado Federal número 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.
El magistrado que tiene a su cargo la causa sobre megared de espionaje ilegal y extorsión que salpica a agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y dirigentes políticos del oficialismo, entre otros, quedó primero en la nómina, seguido por Jorge Di Lorenzo y Laureano Durán, este último más afín a Cambiemos.
La cuestión es que a ahora la última palabra la tendrá el presidente, quien deberá elegir entre los tres nominados para enviar el pliego del seleccionado al Senado. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Al Ejecutivo le conviene que Ramos Padilla se quede en Dolores con la instrucción de una causa incómoda para el Gobierno? ¿O lo nombrarán en La Plata y dejarán en sus manos nada más ni nada menos que la la organización electoral?
Desde el oficialismo no había dudas: "Es un juez demasiado politizado para asignarle la competencia electoral", repitieron distintas fuentes. En las últimas horas, se deslizaba que propondrían al juez para ocupar otro cargo, y de esa manera desplazarlo de ese lugar de alta sensibilidad política.
Al respecto, en la Casa Rosada se viene comentando que para encontrarle una salida elegante, no se descarta proponer a Ramos Padilla para cubrir una de las vacantes que existen en los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, lugares de mucho menor peso político.
Debido al impulso que le imprimió a la investigación sobre la red de espionaje ilegal, desde el macrismo descontaban que Macri no elegirá a Ramos Padilla. Por pedido expreso del ministro de Justicia, Germán Garavano, el representante del PEN en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, le presentó una denuncia por "falta de imparcialidad". Le achacaron especialmente haber asistido a dar un informe a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, convocado por su presidente Leopoldo Moreau y diputados de la oposición.
Hay que recordar que justamente el oficialismo impulsó esa denuncia contra el juez de Dolores en el Consejo, que actualmente lleva adelante el diputado y consejero del PRO, Pablo Tonelli.
El juzgado número 1 de La Plata -vacante desde el fallecimiento de Manuel Blanco en 2014- es un tribunal estratégico ya que, al tener competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, es el que debe intervenir ante posibles controversias electorales en el principal distrito del país: desde la presentación de listas, las impugnaciones y la aprobación del financiamiento partidario, hasta las denuncias por fraude y los cuestionamientos a los resultados electorales.