Por Alfredo Silletta. La noche del domingo, el edificio de Comodoro Py se congeló como en aquella película The Day After Tomorrow (El día de mañana) donde el planeta se llenaba de hielo y terminaba congelado. Muchos de los jueces y fiscales se atragantaron cuando observaron que la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaba las PASO por más de 15 puntos, convirtiéndolos en los futuros presidente y vice de los argentinos.
Durante tres años y medio, la mayoría de los fiscales y jueces federales, especialmente el fiscal ‘rebelde’ Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, inventaron causas para intentar llevar a la cárcel a la ex presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios del gobierno anterior. No conforme con eso, cumplieron con la orden del presidente Mauricio Macri de meter en la cárcel a los empresarios y dueños de C5N y Radio 10. Otros que están en la mira son el juez Julián Ercolini y los fiscales Germán Moldes y Gerardo Pollicitta.
En los pasillos de Comodoro Py se dice, con ironía, que el abogado de la senadora, Alberto Beraldi, ya no tendrá que presentar más escritos planteando nulidades, porque los jueces va a resolver los temas antes. La ex presidenta ha sido perseguida judicialmente, como le sucedió a Juan Domingo Perón en 1955, por Comodoro Py, especialmente por Bonadio con más de una docena de causas y pedidos de presión preventiva. La persecución no ha sido sólo a ella, sino también a sus hijos.
Los temores en Comodoro Py son tres por estas horas. El primero es que todavía está vacante el cargo del Procurador de la Nación, el que regula el rol de los fiscales, luego de haber expulsado a Alejandra Gils Carbo. Se espera que Fernández nombre en las primeras horas de su mandato al nuevo Procurador que pondrá fin al mamarracho de Eduardo Casal que, entre su servilismo al ministro Germán Garavano, cubrió al “rebelde” Stornelli de no presentarse ante el juez Alejo Ramos Padilla o separarlo de la investigación de la causa de las fotocopias y sus vínculos con Marcelo D’Alessio y la red de espionaje ilegal.
El segundo desasosiego es quién será el próximo ministro de Justicia. Por ahora no hay nombres pero circula el de Eduardo “Wado” de Pedro, un abogado muy cercano a la ex presidenta y conocedor de los jueces y fiscales federales.
La tercera preocupación es que con la llegada de Fernández a la presidencia, se terminarán las extorsiones y el manejo impúdico del Consejo de la Magistratura, donde en los últimos tiempos cumplió con la función de apretar jueces que “le molestaban”, con su renuncia, el juicio político o el traslado.
Otros datos a tener en cuenta es que Alberto Fernández es profesor de Derecho, da clases en Teoría General del Delito y Sistema de la Pena en la Universidad de Buenos Aires, como profesor Titular, por lo cual sabe de lo que habla en esta materia. De allí que no dudo en advertirle a los jueces Claudio Bonadio, Julian Ercolini, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani que “deberán dar explicaciones por las barrabasadas” que habían escrito en sus sentencias.
La Corte Suprema de Justicia, hoy manejada por el juez Carlos Rosenkrantz, antes abogado del Grupo Clarín, dejará la presidencia del cuerpo y muchas de las locuras judiciales como la mal llamada “doctrina Irurzun” dejará de existir. Medida que aplaudirán -vaya paradoja- el presidente Mauricio Macri y sus ministros, los cuales deberán responder a la Justicia por todos los negociados que realizaron en estos años, pero en libertad hasta que haya condena firme, algo que no paso en los últimos años.
Finalmente, el juez Bonadio ya presentó los papeles de su jubilación. Se irá en diciembre y probablemente se “exilie” en la cálidas playas de Miami para asegurarse la no extradición y terminar preso por haber perseguido, extorsionado y encarcelado a funcionarios y empresarios para que delatarán de “supuestos ilícitos” a la ex presidenta.