En el marco de la investigación sobre el Correo Argentino, el juez federal Ariel Lijo ordenó hoy a los peritos de la Corte Suprema de Justicia que realicen un “informe técnico contable” para determinar irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma.
En otras palabras, el objetivo apunta a establcecer si la quita de deuda fue abusiva, tal como sospecha el fiscal Gerardo Pollicita, y al mismo tiempo corroborar la existencia de un delito en perjuicio del Estado.
El caso del Correo Argentino está considerado como el mayor escándalo judicial protagonizado por el presidente Mauricio Macri.
Por estos días, además, el magistrado tiene que resolver la situación procesal del ministro de Defensa, Oscar Aguad, como así también de Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo y Jaime Leonardo Kleidermacher, el abogado del Correo.
El juez y el fiscal buscan determinar si el gobierno de firmó un acuerdo abusivo con la empresa Correo Argentino SA, de la familia Macri, en detrimento del Estado. En este expediente Macri está formalmente imputado.
La medida dictada por Lijo se originó tras un señalamiento de la Cámara Federal porteña que había recomendado la “producción de estudios” para zanjar las diferencias entre los imputados y la fiscalía en relación a la deuda y el acuerdo alcanzado.
Los cuatro imputados del caso fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una “quita abusiva” en la deuda de la empresa postal con el Estado.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino S.A., y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que “se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa” que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados “obligaron abusivamente” a la Administración Pública “con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino S.A”.
La causa tiene como base la denuncia que hizo en febrero de 2017 la fiscal Gabriela Boquin, donde mostró que el Estado, representado por el entonces Ministerio de Comunicaciones –que tenía como titular a Aguad y como director de Asuntos Jurídicos a Juan Mocoroa— aceptara firmar un acuerdo con el Correo Argentino que licuaba un 98,87 % la deuda de la familia Macri con las arcas públicas, arrastrada desde 2003. Ese pacto, denunció Boquin, era “ruinoso y abusivo”.
Al día de hoy la deuda sigue impaga, mientras que la empresa intenta que le acepten una nueva oferta irrisoria, por $ 296 millones (el valor de la deuda hace 18 años), mientras que a valores actuales asciende a unos $ 70.000 millones.