El ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a prestar declaración indagatoria el 20 y 21 de noviembre, respectivamente, ante el juez federal Luis Rodríguez de Comodoro Py.
Según publicó El Destape, al ex ministro se le imputan “negociaciones incompatibles con la función pública” ya que asumió en la cartera energética siendo accionista de Shell, empresa a la que debía controlar y a la que habría beneficiado con distintas medidas, mientras que a Alonso se la cusa de encubrir el accionar del ministro y no investigar la incompatibilidad explícita.
La denuncia que dio origen a la causa fue realizada por los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes apuntaron entonces contra Aranguren porque siendo ministro era accionista del Grupo Royal Dutch Shell Plc. De esta forma habría incurrido en una “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés” en tanto la multinacional participa activamente del mercado energético que debía regular el entones funcionario.
Peor aún, según la denuncia, Aranguren se benefició económicamente con varias decisiones que tomó en materia energética. De acuerdo a los denunciantes, Aranguren favoreció a Shell Compañía Argentina de Petróleo y a su casa matriz RDS mediante el aumento de las tarifas de gas, la compra de gas a Chile y las operaciones de importación de gasoil, entre otras medidas tomadas bajo su gestión. Y como él era accionista, esos beneficios también redundaban en su bolsillo.
El magistrado también apunta contra Laura Alonso porque como titular de la OA se estima que encubrió la conducta de Aranguren “cuando se encontraba obligada a investigarlo (y, en su caso, sancionarlo o removerlo)”, tal como se desprende de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.