Mañana a las 9.30, a sólo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner estará sentada en el banquillo de los acusados, en el marco del juicio sobre presuntas irregularidades en obras públicas en la provincia de Santa Cruz. A pesar de que cobardemente el tribunal no autorizó la transmisión en directo de la declaración, la actual senadora aprovechará la oportunidad, y se estima que a lo largo de no menos de dos horas apuntará a que esta instancia no es más que otro capítulo de la persecución judicial que sufrió durante los últimos cuatro años.
Asistida por su abogado Carlos Beraldi, durante esta semana CFK se dedicó a preparar sus dichos, estudiando los materiales de la causa, basada en las rutas cuya construcción se votó en el Congreso Nacional, se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz, se controlaron en Santa Cruz y se pagaron contra certificados de obra emitidos en Santa Cruz.
Por lo tanto, lo más seguro es que mañana Cristina también hará un detallado análisis de lo lejos que estuvo de tener incidencia en la licitación, adjudicación y control de las obras viales de la provincia patagónica.
Al respecto, resaltará que desde el punto de vista de la estructura del Estado, hay unas doce instancias entre una obra y un presidente. En la instancia provincial, inspectores, funcionarios, secretarios, ministros y el gobernador, y luego nuevamente un ejército de funcionarios a nivel nacional. Por lo tanto, Se necesita una enorme cantidad de firmas en las licitaciones, en las adjudicaciones y en los pagos, funcionarios con los que un presidente no tiene trato ni conoce.
Y por supuesto, una base de su postura será que la causa conocida como Vialidad es parte del llamado “lawfare”, es decir la Justicia utilizada por los poderes políticos-judiciales-mediáticos para lanzarse contra los gobiernos y las alternativas populares.
Por esa razón, es muy probable que mañana CFK hable no sólo de Argentina, sino también de Brasil y otros países donde se usó la justicia para la persecución. Además, hay una cuestión reiterada en las causas contra la ex mandataria: es juzgada por ser considerada la jefa de una asociación ilícita.
El viernes último, el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2), que preside el juicio, votó en contra de permitir que la declaración de la vicepresidenta electa sea transmitida por televisión, algo que ocurrió en numerosas oportunidades en distintos juicios. Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron el pedido para que el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema transmita la declaración, mientras que Rodrigo Giménez Uriburu estuvo a favor de la emisión.
De esta manera, y con argumentos contundentes, Cristina insistirá en que el centro de la causa está en la persecución política. Desde el punto de vista estrictamente judicial, la vicepresidenta electa ya dijo que no tuvo nada que ver con que las empresas de Lázaro Báez hayan ganado 52 de las 81 obras que se licitaron en esa provincia. “No soy amiga ni socia de Lázaro Báez”, dijo ante el juez Julián Ercolini, marcando la diferencia con el presidente saliente, Mauricio Macri, primo y ex socio de la empresa constructora de Ángelo Calcaterra.
En tal sentido, Cristina reiterará que las licitaciones se hicieron en Santa Cruz y, curiosamente, no se acusó a ningún gobernador por esas adjudicaciones, lo que terminaría de confirmar que el objetivo fue ella. Además, tampoco las empresas competidoras objetaron las licitaciones o adjudicaciones. La defensa de Báez explicó en reiteradas ocasiones que ganó las licitaciones porque sus empresas eran las que tenían el personal y las máquinas radicadas en Santa Cruz, suficientes para emprender esas obras. Y, sobre todo, Báez asegura que siempre pesó mucho la experiencia de construcción en el sur, con gran cantidad de jornadas en que el frío y el viento impiden trabajar.
Y también es posible que Cristina mencione que Báez perdió la licitación de las dos obras más importantes que aún hoy se construyen en la provincia sureña: las represas Condor Cliff y Barranqueras (Cepernic y Kirchner), con la curiosidad de que en esa licitación iba en sociedad con Iecsa, la empresa que fuera del Grupo Macri.