La abanderada de la institucionalidad, la transparencia e incorruptible diputada Elisa Carrió, habría cometido un desliz en su “irreprochable” accionar en la vida política, y es así que de su archiconocido rol como denunciante serial contra todo lo que esté vinculado al kirchnerismo, se convierte ahora en la denunciada.
La investigación sobre maniobras de espionaje ilegal desde oficinas del Estado contra dirigentes políticos y jueces tiene un capítulo en Santa Fe. El fiscal federal Walter Rodríguez envió al juez Rodolfo Canicoba Corral, en Comodoro Py, una denuncia de la legisladora contra el Partido Justicialista santafesino para que la incorpore a la causa que investiga si se usaron datos secretos de la AFIP con objetivos políticos, y analice la conducta de la aliada del PRO en el caso.
Según revela el diario Página/12, una hipótesis de la pesquisa es un presunto vínculo entre Carrió y dos funcionarios de la AFIP sospechados de filtrar datos protegidos por el secreto fiscal. En su denuncia, Carrió le apuntó a más de 1.600 contribuyentes que accedieron a facilidades de pago de su deuda –y en esa redada cayó el PJ de la provincia-, pero cuando le preguntaron cómo había obtenido la información, se amparó en sus fueros y hasta mencionó “notas anónimas”.
Rodríguez no cree en esa ruta de las carpetas y menos en las manos anónimas, además de considerar que si Carrió declaró como testigo, tenía la obligación de decir la verdad, y por lo tanto no puede ampararse en sus fueros, por lo que decidió remitir copia certificada del expediente a Canicoba Corral.
En tal sentido, el fiscal aportó las pruebas desde Santa Fe “a la investigación” de un “posible mecanismo irregular” en la AFIP con “ingresos injustificados” al sistema informático, que luego derivó en una persecución judicial con objetivos políticos.
La causa que el fiscal Rodríguez le envió a Canicoba Corral es un desglose de las denuncias de Carrió: primero, a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza y al ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray y luego, a más de 1.600 contribuyentes que accedieron a planes de facilidades de pago del organismo. La legisladora señaló que “eran 1.530”, pero el Ministerio Público contó 1.648.
Y ahí, en esa redada cayó el PJ de Santa Fe, (entre cientos de partidos políticos de la Argentina) por supuesta “apropiación indebida” de aportes sociales a sus trabajadores por “montos superiores a 20 mil pesos” y no depositados a los 30 días del vencimiento. La demanda era por retenciones en cuatro meses: diciembre de 2012, diciembre de 2013 y junio y diciembre de 2014. Un lapso en el que presidía el consejo ejecutivo provincial del PJ el ex intendente de Venado Tuerto y hoy secretario de Municipios de la provincia, José Luis Freyre.
Carrió formalizó la denuncia a los 1.648 contribuyentes –según la cuenta del Ministerio Público- ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 11, Secretaría 21, en la ciudad de Buenos Aires, el 21 de marzo de 2016. Ocho días después, la Subdirección General de Recaudación de la AFIP reportó que era “información con secreto fiscal”, donde “apareció el contribuyente Partido Justicialista de Santa Fe”, entre los 1.648 denunciados, recordó el fiscal Rodríguez.
El 19 de abril de 2016, Carrió ratificó su denuncia ante la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia, quien le preguntó si sabía quiénes eran los contribuyentes que accedieron a los “planes de facilidades de pago” de la AFIP. “No lo sé porque hay secreto fiscal”, le contestó. Y después, mencionó las “notas anónimas”.
La jueza Straccia le pidió entonces que informe “quién le brindó la información”. Carrió respondió: “Hago esta declaración en mis prerrogativas como diputada nacional”.
El fiscal Rodríguez mantuvo el “ejercicio de la acción penal” contra el PJ, pero puso bajo la lupa la conducta de Carrió. En el oficio que le mandó a Canicoba Corral recordó que la jueza Straccia le había pedido a la legisladora que informe “la identidad de quién le brindó la información de los hechos denunciados”, pero ella se amparó en sus “prerrogativas de diputada nacional y de esa forma omitió brindar mayores precisiones al respecto”. Antes de esa omisión -que le reprocha Rodríguez-, Carrió aludió “a 1.530 casos provenientes de ‘notas anónimas’”.
Por lo tanto, resolvió remitir copia del expediente de Santa Fe al juez Canicoba Corral para que lo incorpore a la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal desde oficinas del Estado contra dirigentes políticos y jueces. El objetivo del fiscal Rodríguez es que “los datos aportados contribuyan” a la investigación de un “posible mecanismo irregular” en la AFIP “concebido por ingresos injustificados a sistemas informáticos de acceso restringido”.
APOYEMOS AL FISCAL RODRÍGUEZ
El fiscal Rodríguez pidió que se analice si #Carrió obtuvo datos de forma irregular en sus investigacionesTal vez el fiscal no use Tw pero, si todos damos RT, alguien podrá acercarle este lapidario archivo autoincriminatoriohttps://t.co/5EB7zaS3Ja pic.twitter.com/bEP4DqwxqT
— El Profe Eduardo (@ProfeEduardoOk) January 27, 2020