A casi dos meses del recambio de gobierno, la herencia “M” empieza a brotar por todos lados. A los escándalos por los pagos de AySA a Boca Juniors, las obras públicas inconclusas, el sobre con 10.000 dólares en el Ministerio de la Producción, los créditos a la cerealera Vicentín por más de $ 18.000 millones y los gastos en el Senado, ahora se suma un alto funcionario que se atornilló a su cargo en Arsat, y un ex gerente de Aerolíneas Argentinas que exige una indemnización de $ 418 millones al Estado.
El primero de los casos involucra al ex presidente de Arsat, Raúl Martínez, quien días atrás renunció sólo como titular del directorio de la compañía satelital estatal y pretende mantener su cargo de gerente general o recibir una doble indemnización.
El “atrincherado” Martínez reclama al Estado nacional la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández el viernes 11 de diciembre pasado, que reestableció el beneficio de la doble indemnización para los trabajadores despedidos por un plazo de 180 días.
Martínez trabajó para Andrés Ibarra como secretario de Infraestructura Tecnológica y País Digital del Ministerio de Modernización y luego desembarcó en el directorio de Arsat, en agosto de 2017. En noviembre de 2018 fue nombrado gerente general y vicepresidente. y en julio del 2019 asumió como presidente de Arsat.
Las nuevas autoridades de la empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino, con Pablo Tognetti a la cabeza, no pueden creen el atrincheramiento de Martínez. Desde la firma además remarcaron que encontraron gastos muy llamativos de la gestión anterior: se mencionó la millonaria construcción de un helipuerto que nunca se utilizó.
En tanto, otro ex funcionario que pide la doble indemnización es Juan Ignacio Uribe, ex director de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas. Uribe trabajó dos años y 11 meses y ahora exige el pago de $ 418 millones, a razón de casi $ 12 millones por mes trabajado. El argumento es el mismo que Martínez: lo despidieron tras el cambio de gobierno en plena vigencia del DNU de Alberto.
Cuando Uribe se enteró por telegrama de la desvinculación publicó un mensaje en las redes sociales. “Desvincularon a nueve directores y 30 gerentes (con trabajos técnicos y sin militancia política) sólo por haber ingresado durante los últimos cuatro años. Doloroso e incomprensible”, escribió para justificarse.
De inmediato, Gabriela Loscar, analista de mercados de Aerolíneas Argentinas, le recordó su paso por la empresa del Estado. “Recuerdo que el día que entraste te presentaste diciendo que venías a colaborar voluntariamente con el gobierno de Mauricio Macri. Y también recuerdo que me sacaste del área de Recursos Humanos, siendo profesional en continua formación y con un excelente desempeño, por haber presentado una denuncia por violencia de género a alguien de tu confianza”, sostuvo la licenciada en relaciones laborales.
“Me denigraron como mujer y como trabajadora, me revictimizaron, eso es doloroso Juan. Sin embargo, acá sigo, trabajando y dando lo mejor de mí desde el 1 de abril del 2015 para nuestra línea aérea de bandera. La persecución política y la misoginia la vi, la escuché y la viví”, remarcó Loscar.
En un reciente tuit, luego de conocer que Uribe pide $ 418 millones, Loscar también le recordó los gastos en los que incurrió durante su gestión.
Uribe fue despedido junto a otros directivos de Aerolíneas, que habían ingresado con la gestión de Macri, y que ya recibieron su indemnización simple por orden del nuevo presidente de la compañía, Pablo Ceriani. Incluso les ofrecieron mantener la obra social por seis meses, luego de finalizados los vínculos laborales.
Pero a Uribe la oferta no le bastó y fue el primero en litigar contra Aerolíneas. El Servicio de Conciliación Nacional convocó a la empresa y al propio Uribe a una audiencia para el 4 de febrero. Según consta en la citación, el ex gerente macrista exige $ 418.159.081 por “daño moral, despido, diferencias de salarios, multas de ley y reclamo de certificado de trabajo”.