Los bancos acreedores y los fondos de inversión quieren que el gobierno de Alberto Fernández primero haga un pago en efectivo de 10.000 millones de dólares, para luego sentarse a negociar y aceptar un retraso de 3 o 4 años para comenzar a pagar la deuda. Un paper está en poder del ministro Martín Guzmán y tanto el presidente como Cristina Kirchner están al tanto de las exigencias.
La propuesta es imposible de pagar, ya que el dinero no está en el Banco Central, por lo cual habría que pedir los 11.000 millones que no se retiraron del acuerdo con el FMI, pero eso implicaría caer en un acuerdo de brutal ajuste con el organismo, al estilo del gobierno anterior.
Fernández está muy molesto y de allí que se resolvió que el ultimo bono Dual no se pagara y se mandara para septiembre. Al no haber acuerdo, si se pagaba con emisión hubiera repercutido en la inflación. Paralelamente la vicepresidenta comenzó a ponerse más dura y pidió una amplia quita al FMI. La postura fue acompada por el presidente. En realidad, si no hay acuerdo en marzo, Argentina entraría en default y, aunque tendría costos para el país, mucho más para los bonistas que se quedarían sin cobrar por muchos años.
La propuesta de los más duros de Wall Street es cobrar primero esos 10.000 millones de dólares, contó hoy Marcelo Bonelli. Por ahora, el gobierno continuará con la propuesta que Guzmán llevó al Congreso: un periodo de gracias de 3 o 4 años y en lo posible con una quita importante. Luego contó a los legisladores, que el país recién empezará a crecer en el 2023, de allí que no habrá dinero antes para pagar nada.
Más allá de los llamados “lobos” de Wall Street por su avaricia, Kristalina Georgieva, pareciera estar jugando a favor de la Argentina, al reconocer que los bancos y los fondos de inversión deberían aceptar una quita fuerte a favor de la Argentina. Mientras tanto, el vocero del organismo le responde a Cristina y avisa que ellos no pueden hacer quitas.
Las próximas, serán semanas de mucha tensión.
2 Comentarios
Eso es coherencia.
Bonelli sigue siendo el vocero de los fondos buitres.
Falta Laura Alonso y estamos todos.
El gobierno deberá diferenciar entre acreedores institucionales, fondos internacionales de inversión y personas físicas. Mucha gente invirtió sus ahorros en fueda pública de buena fe, aveces aconsejados por asesores financieros o los propios bancos. Estas personas debieran cobrar su dinero, los demás tienen espalda para bancar una prórroga.