Con la imputación al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y las primeras medidas ordenadas por la Justicia, en las últimas horas cobró fuerza la investigación que busca determinar si la entidad crediticia durante el gobierno de Cambiemos favoreció a Vicentín, la compañía que más dinero aportó para la campaña presidencial de Mauricio Macri.
En esa dirección, el juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de medidas de prueba en la causa en la que se investiga si fue legal que el Banco Nación le concediera préstamos al grupo cerealero Vicentín por la suma de $ 18.500 millones, en contra de las normativas que rigen la actividad de la entidad bancaria.
En esa causa fueron imputados por el fiscal Gerardo Pollicita el último presidente del Banco Nación a lo largo del gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga, además de Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, ejecutivos del conglomerado Vicentín.
La controversia se inició cuando a principios de diciembre de 2019 -a pocos días del cambio de gobierno- la firma Vicentín informó que había entrado en un proceso de “reestructuración de pagos” a partir de una situación de “estrés financiero”. Así, la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país anunciaba que había entrado en cesación de pagos con una deuda bancaria total de poco más de $ 23.500 millones.
Luego se estableció que del total de la deuda, $ 18.500 millones corresponden a créditos otorgados por el Banco Nación. Eso generó críticas a la conducción del radical González Fraga en la entidad, ya que ese monto supera los límites establecidos por la normativa bancaria y representa más del 20 % del patrimonio computable del banco.
La denuncia fue hecha por un particular y se basó un trabajo realizado por el ex diputado, economista y dirigente de Unidad Popular Claudio Lozano, quien fue designado director del Banco Nación por el gobierno de Alberto Fernández.
El juez pidió al Banco Nación el informe hecho por Lozano, ya que no forma parte del expediente. Cuando Pollicita imputó a González Fraga y a los ejecutivos de Vicentín, tomó el informe de la página web de Unión Popular.
En la denuncia se explicaba que el endeudamiento de Vicentín con el Banco Nación no fue autorizado por el directorio, algo que vulnera las normas de la institución.
El fiscal en su imputación había pedido varias medidas de prueba. Hasta ahora, el juez Ercolini ordenó algunas. Además de pedirle al Nación el informe de Lozano, le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), información detallada de la cerealera y de todas sus empresas vinculadas.
Además, Ercolini requirió que el Banco Central envíe información relacionada con el caso al Juzgado, y también pidió la documentación sobre el concurso preventivo de la empresa Vicentín.
En tanto, al conocer su imputación en la causa, González Fraga minimizó la situación con el argumento de que la denuncia le parece “una operación mediática”, de la que dijo desconocer “las razones”.