El grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, “amigo del alma” de Mauricio Macri, decidió seguir los pasos que marcó Techint y dejó en la calle a más de 700 trabajadores de su planta de Río Grande en Tierra del Fuego.
La firma de Caputo decidió finalizar el vínculo laboral de 525 trabajadores contratados a plazo fijo y de otros 220 empleados contratados bajo la modalidad de PPD (Planta de Personal Discontinuos), entre operarios y supervisores. El grupo empresario, que nuclea actividades en el sector automotor, electrónico y telefonía móvil, se excusó que la decisión responde a “la abrupta caída en las ventas”.
La noticia fue confirmada por el secretario general de ASIMRA seccional Patagonia, Javier Escobar, quien explicó que “los trabajadores tenían contrato en Mirgor hasta el 31 de marzo, y se les comunicó que “no se les renovaría el contrato debido a la situación de la cuarentena” y agregó que “habría un compromiso de reincorporar a ese mismo personal una vez que se supere la situación, pero es solo una versión, aun no hay nada confirmado ni firmado”.
“Evidentemente hay una muy mala intención por parte de las empresas integrantes de la Cámara AFARTE, porque se pusieron todas de acuerdo en pagar los salarios el último día que corresponde por ley, es decir, el cuarto día hábil del mes, cuando toda la vida pagaron el último día del mes en curso, o el primer día del mes siguiente, todo esto con la excusa de la situación de emergencia”, agregó.
Para ASIMRA la decisión de la empresa es “un acto mal intencionado”. Además, denunciaron la inestabilidad laboral que atravesaban: “Los trabajadores vienen soportando aumentos no remunerativos, donde ya las empresas no vienen haciendo los aportes, de manera que ni siquiera ante una situación de una pandemia mundial como la del coronavirus, hacen el esfuerzo de pagar como corresponde estos 14 días, sino que sigue ajustando al trabajador”.
La firma de Caputo ya había recurrido a las cesantías en marzo del año pasado, cuando Macri todavía era presidente. En ese momento despidió formalmente a 63 trabajadores para coronar las suspensiones y reducciones de carga horaria con la excusa de la dura crisis que atravesaba el sector manufacturero por la apertura indiscriminada de las importaciones, el encarecimiento de los costos por la escalada del dólar y el desplome de la demanda que marcó a la economía macrista.