A través de un duro dictamen, la Justicia pidió que se ordene la inhibición de bienes al ex presidente del Banco Nación (BN) Javier González Fraga y a su segundo Lucas Llach, así como también a ex funcionarios de esa entidad y a empresarios de Vicentin involucrados en la causa penal que investiga una supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa cerealera durante el gobierno de Mauricio Macri.
El planteo ante el juez de la causa, Julián Ercolini, fue presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, al considerar que “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera”. En el escrito de 79 páginas, pidió que se disponga esas medidas contra los 24 investigados en esa causa, entre los que están involucradas las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA. Sobre estos se pidió que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.
El dictamen sostiene que “los elementos probatorios” indican que los funcionarios del BN, “algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”.
“Otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”, puntualizó.
También se refirió a una “connivencia” de los empresarios con los funcionarios, a quienes les “solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía”.
“En simultáneo –explicó- postergaban el pago de sus obligaciones con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo.”
El fiscal advirtió que esto había ocurrido a pesar de que esas operatorias fueron reveladas en denuncias públicas, y que hasta las autoridades del Banco Central estuvieron enteradas del hecho.
“Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre”.
Aún así, esto no impidió que “durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.
Para Pollicita, los $ 18.500 millones en préstamos del Banco Nación a Vicentin “serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo”.
La semana pasada, el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la “posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de Vicentin SA, con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina”.
Por este motivo, solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados.