Por Dante Augusto Palma. En Argentina puede ir preso cualquiera menos un periodista. El periodismo es la única profesión que da inmunidad. De aquí que, contrariamente a lo que se cree, no es la política la que da fueros sino el periodismo. Uno podría aclarar que si un periodista fuese preso no sería por ser periodista sino por haber cometido un delito. Pero eso no importa. El periodismo es la corporación más corporativa. Hay diferencias ideológicas en su interior pero, por derecha o por izquierda, en algún momento cierran filas. Desde La Nación a Página 12. Eso sí, cuando se empieza a desagregar un poco hacia el interior de la corporación se encuentra aquello que efectivamente daña la libertad de expresión. Es que la enorme mayoría de los que trabajan de periodistas tienen sueldos miserables y están precarizados. Sí, incluso, en los espacios progres, en los medios “buenos” que le dan voz a los trabajadores. Ahí también cobran 15, 20, 30, 40 lucas. Los únicos que se salvan son las estrellas del periodismo, esos que son capaces de apretar empresas y gobiernos para que les pongan pauta. El resto vive de migajas. Que esa mayoría de periodistas que están al borde pierda su trabajo como ocurrió durante el gobierno anterior dicen que no afectó la libertad de expresión; pero eso sí, si a alguno de los grandes periodistas se les termina un ciclo nunca será visto como el cese de un contrato laboral sino como un acto de censura. Es como si el periodista consagrado fuera la encarnación de un derecho. Si esa persona no trabaja se está afectando un derecho de todos. No tienen la misma suerte los zapateros por ejemplo. Siempre me llamó la atención cuando algún notero interpela a una figura en la calle y cuando ésta no quiere hablar le espeta “pero estoy trabajando”. ¿Se imaginan a un zapatero exigiéndonos en la calle que le compremos sus zapatos porque está trabajando? Por encarnar en sí mismo un derecho y por creerse una suerte de mediador con la sociedad civil, el periodista cree que si no tiene un espacio no sólo se coarta la libertad de expresión de él sino la de todos y como la libertad de expresión es esencial para la democracia, culmina afirmando que, si él no habla, estamos en una dictadura. Por eso los sistemas democráticos pueden tolerar que vayan expresidentes presos pero no pueden tolerar ver un periodista tras las rejas. Cualquier salame con un micrófono se transforma en mártir por nada. Y si se quiere censurar a un periodista, en realidad no se dice que se ejerce una censura sino que lo que se dice es que “no era periodista”. El programa 678 puede no salir más al aire y quienes se desempeñaron allí pueden ser perseguidos, estigmatizados, castigados por quien sería presidente en un debate presidencial, formar parte de listas negras y ser innombrables aun en los medios con los que el programa tenía afinidad ideológica pero para poder lograr esto primero hubo que determinar que “eso” no era periodismo y que allí no había periodistas.
Ahora bien, si este desarrollo que acabo de realizar es el correcto, los gobiernos deben manejarse con inteligencia. Para bajar al llano y dar casos concretos: peticionamos ante change.org que el dedo retwitteador de Alberto Fernández, o de quien eventualmente pudiera manejarle la cuenta, se tome unas vacaciones. La razón es sencilla: está logrando que se le levante el precio y que se victimen quienes no tienen muchos valores y en general son victimarios. Si el gobierno sabe que hay quienes actúan de mala fe y atacan como partido político pero se defienden con la libertad de expresión, ¿no sería deseable evitar esas tonterías? Pero hay más: esta misma semana trascendieron unas declaraciones de la flamante Defensora del Público, Miriam Lewin, periodista de trayectoria. Se trató de unas afirmaciones muy poco felices en torno a la figura de Baby Etchecopar quien brilla por sus exabruptos retrógrados, fascistoides y misóginos antes que por el aporte racional a los debates públicos. Lewin afirmó que desde la Defensoría se buscará que Etchecopar no sea escuchado en la sociedad porque es anacrónico y que para ello había que hacer un cambio cultural. En lo personal comparto el diagnóstico respecto del anacronismo de Etchecopar pero un funcionario público debe ser muy cuidadoso con sus palabras. Porque en todo caso alguien podría preguntar: ¿y si fuera anacrónico qué? ¿Por ello desde el Estado se va a diseñar una ingeniería social para transformar la cultura y dejar de escuchar al presunto anacrónico? Quizás sea más fácil dejarlo con su anacronismo y que la gente elija qué quiere escuchar. ¿No? Pero hay un punto más: la Defensoría se pronunció a partir de las lamentables declaraciones de Etchecopar donde, desempolvando el clásico antiperonismo y la metáfora organicista que ha dado lugar a la creación de enemigos pasibles de ser extirpados, indicó que la expresidenta era “el cáncer de la Argentina”. El organismo determinó que “se trata de un acto de violencia simbólica y mediática en relación con el ejercicio de los derechos de las mujeres en política” y le recomendó a ARTEAR, empresa dueña de canal 13, coordinar una actividad de intercambio y capacitación para visibilizar este tipo de problemáticas. ¿Sabrán en la Defensoría que el ataque contra CFK fue político antes que misógino? Es que Baby Etchecopar hubiera dicho lo mismo de CFK y de Evita pero también de Perón y de Néstor Kirchner. Por lo tanto, el ataque a CFK es un ataque de clase, por razones políticas. Lo que molesta de CFK a Etchecopar son los intereses que ella afectó durante su gobierno, intereses que, curiosamente, eran compartidos por los que participaban en la mesa de Mirtha Legrand el día que Etchecopar realizó el exabrupto. Por ello, no la atacaron por mujer. La atacaron por peronista. Lo habrá hecho mejor, peor o regular. Pero la atacaron por llevar adelante políticas redistributivas. Por supuesto que, tanto Evita como CFK y la gran mayoría de las mujeres que participan en política han padecido discriminaciones por su condición de mujer pero el eje principal de los ataques lo han padecido no por el género autopercibido sino por las ideas que defienden.
Además, en lo personal, advierto cierto prejuicio iluminista, cierto tufillo a vanguardia iluminada en esto de que ante cualquier hecho repudiable hay que mandar al repudiado a hacer un curso. Hay un riesgo aquí de que finalmente, a aquel que no piense como yo, se lo mande a hacer un curso como si lo que estuviese jugando allí, antes que diferentes ideas, fuera una lucha entre la opinión de un ignorante, y la opinión del que sabe que es, por supuesto, el que brinda el curso para que el ignorante se desasne.
Ahora bien, ustedes dirán: ¿se puede dejar que alguien exprese discursos de odio o difamaciones libremente? Por supuesto que hay muy buenas razones para decir que no y de hecho hay que evitar la paradoja de la libertad de expresión y de la tolerancia que llevadas al terreno de lo absoluto le pueden dar lugar a los que están en contra de la libertad de expresión y de la tolerancia para que acaben con ellas. Y es que ningún derecho es absoluto y eso incluye al derecho a la libertad de expresión. Pero dicho esto, luego entramos en las dificultades de la regulación: ¿cuál es el criterio para regular? Recuerden que aunque todavía hay controversia al respecto, las calumnias e injurias fueron despenalizadas. Claro que lo hicieron por presión de los periodistas pero la lógica no es del todo descabellada: una vez que se abre la puerta de la regulación o se otorga un instrumento de sanción es muy probable que eso funcione como una pendiente resbaladiza que acabe siendo más perjudicial aún.
En Argentina siempre llegamos tarde, pero acostumbrados a que la censura provenga de la derecha, no estamos notando que se está generando un clima cultural que, aun enarbolando banderas y reivindicaciones encomiables, está derivando en formas indirectas de la censura. De hecho, apenas unos días atrás, 150 referentes de la cultura, entre los que se encuentran JK Rowling, Noam Chomsky, Margaret Atwood, Ian Buruma, Gloria Steinem, Martin Amis y Salman Rushdie, firmaron una carta abierta contra el activismo progresista estadounidense que, en nombre de la corrección política, está fomentando una cultura de la intolerancia, la cancelación, la persecución y los castigos desproporcionados.
En la carta admiten el “necesario ajuste de cuentas” con un pasado de injusticias racial y social pero advierten que se ha intensificado también “un nuevo conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y de tolerancia de las diferencias en favor de una conformidad ideológica”. Es difícil imaginar que se pueda acusar de misógina a Margaret Atwood o de reaccionario a Chomsky y sin embargo, la carta continúa afirmando: “El libre intercambio de información e ideas, la savia de una sociedad liberal, está volviéndose cada día más limitado. Era esperable de la derecha radical, pero la actitud censora está expandiéndose en nuestra cultura”.
Asimismo, la carta abunda en algo que se está viendo también en nuestro país: “Los responsables de instituciones, en una actitud de pánico y control de riesgos, están aplicando castigos raudos y desproporcionados en lugar de aplicar reformas pensadas. Hay editores despedidos por publicar piezas controvertidas; libros retirados por supuesta poca autenticidad; periodistas vetados para escribir sobre ciertos asuntos; profesores investigados por citar determinados trabajos (…) Como escritores necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la asunción de riesgos e incluso los errores. Debemos preservar la posibilidad de discrepar de buena fe sin consecuencias profesionales funestas”.
Por último, y a manera de síntesis, hago mías las palabras con las que culmina la carta: “La restricción del debate, la lleva a cabo un Gobierno represivo o una sociedad intolerante, perjudica a aquellos sin poder y merma la capacidad para la participación democrática de todos” (…) La manera de derrotar malas ideas es la exposición, el argumento y la persuasión, no tratar de silenciarlas o desear expulsarlas”.