En una cabal demostración de que a un sector de la Justicia lo único que lo mueve es la sed de venganza, el odio y en absoluto la búsqueda de la verdad, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raul Pleé, reclamó esta mañana que se deje sin efecto la orden dada por la Sala I de ese tribunal para que se encuentren las grabaciones de los “arrepentidos” en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
En otras palabras, y en lo que no deja de ser una interpretación demasiado particular sobre lo que establece la legislación vigente, Pleé consideró que la ley no exige tal cosa como condición para conceder los beneficios.
En un dictamen, el funcionario judicial sostuvo que las actas de los legajos de imputado-colaborador ya fueron agregadas a la causa. Y que la jueza Ana María Figueroa está pidiendo soporte “fílmico o digital” cuando la ley habla de registro “técnico”. De paso, agregó que el pedido de las grabaciones no tiene nada que ver con el planteo de inconstitucionalidad.
De esta manera, Pleé salió a intervenir ante Casación luego de la cadena que se activó en una audiencia realizada la semana pasada, cuando cuatro defensas atacaron la causa de los cuadernos y dispararon sobre la figura del arrepentido. En el encuentro que se llevó a cabo el jueves pasado, hablaron de cómo funcionaron dentro de la causa que manejaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Es necesario recordar que Pleé es un histórico de Comodoro Py, al que en su momento se mencionó para llegar a la Procuración General durante el macrismo.
El gran temor y la desesperación del sector judicial alineado sin disimulo con el macrismo, es que si se caen los arrepentidos, automáticamente se caería toda la causa, porque fueron las confesiones de más de 30 imputados las que permitieron engrosar ese expediente que hoy llegó a juicio oral.
Es que las grabaciones (en video o audio) son una exigencia de la ley del arrepentido, pero ni el fiscal Carlos Stornelli, ni el juez Bonadio, ordenaron que se registraran.
Los abogados de los imputados sospechan que la incorporación de los empresarios imputados a ese régimen que implica reconocer responsabilidades penales a cambio de reducir sustancialmente sus consecuencias en un juicio oral, no fue producto de una decisión voluntaria. Creen que todos, o al menos varios de los arrepentidos fueron presionados por Stornelli y Bonadio para involucrar en la investigación a Cristina Kirchner y a los funcionarios que la acompañaron en su gestión presidencial.
“Todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos, las que se encuentran rubricadas por esos imputados, sus abogados defensores y los fiscales de la primera instancia; legajos en los que también están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, quedando así homologados los acuerdos”, resaltó el fiscal.
“He de requerir que se dejen sin efecto tanto los requerimientos a las distintas autoridades judiciales dispuestos como medida para mejor proveer, cuanto la suspensión de las deliberaciones y, sin más dilaciones, se dicte resolución en este legajo en tanto lleva más de un año de trámite en esta instancia”, resumió Pleé en su presentación.
El artículo 6 de la Ley establece que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Según Plee, no se trata necesariamente de grabaciones o filmaciones: “la indebida referencia a ‘soporte fílmico, digital, u otro’ denota una descripción distinta a la requerida por el texto legal”.
Apenas unos minutos después de que Pleé planteara su solicitud en la audiencia ante Casación, intervino en el expediente la abogada Laura Fechino, defensora de Hernán Gómez -uno de los funcionarios de menor rango en el Ministerio de Planificación que estuvo seis meses preso-, quien planteó la nulidad de todo lo actuado en la causa cuadernos, a partir de la denuncia contra el chofer Oscar Centeno.
“En el día de la fecha, el fiscal realizó una presentación a mi juicio improcedente y extemporánea, solicitando que se deje sin efecto la medida para mejor proveer dispuesta en la presente”, dijo en el escrito. “El Doctor Pleé tomó la decisión de no comparecer a la audiencia, oportunidad en la que las partes expusimos sus argumentos entre los cuales se peticionó la medida hoy cuestionada. La oportunidad para el expediente era la propia audiencia, es decir, antes de adoptarse la decisión. Una vez adoptada no solo es extemporánea e improcedente, ya que no existe vía procesal o recuso para objetar la recusación que por otra parte ya se encuentra ejecutada. En función de lo expuesto, solicito no se haga lugar a la medida”, afirmó Fechino.