El fiscal federal Carlos Stornelli, el periodista estrella de Clarín, Daniel Santoro, y el espía ilegal y falso abogado Marcelo D’Alessio, fueron acusados formalmente hoy de formar parte de una asociación ilícita paraestatal durante el macrismo.
Así lo estableció el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien en una extensa resolución dada a conocer esta mañana, pidió retenerle los pasaportes a Stornelli, además de fijar una caución por $ 10 millones. Asimismo, le notificó su procesamiento como parte de una asociación ilícita paraestatal a su jefe, el Procurador general interino, Eduardo Casal, y a la comisión bicameral que monitorea al Ministerio Público, y que encabeza el senador Martín Doñate.
En cuanto a Santoro, se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y “realización de acciones de inteligencia prohibidas”, según el fallo.
El procesamiento también se extiende a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos y que estaba a cargo del llamado Proyecto AMBA. Pinamonti es un personaje clave porque era a quien respondía toda la estructura que tenía como vértice a D’Alessio.
“Aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”, escribió Ramos Padilla en su resolución de 1.125 páginas, en la que detalla más de 60 operaciones de inteligencia.
Por ejemplo, se desprende que las actividades de la banda de D’Alessio llegaban tan alto que incluso se incorporó dentro del procesamiento la inteligencia ilegal sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.
Entre los procesados, además de D’Alessio, Pinamonti y Santoro, está el cómplice del falso abogado, Rolando Hugo Barreiro, y son dos los fiscales que, según el juez, formaban parte de esta estructura: Stornelli y Juan Ignacio Bidone.
“La cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa, las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, agregó el juez.
Para el magistrado, “los planes ilícitos descriptos permiten concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”.
Ramos Padilla considera que los hechos que vinculan a D’Alessio, Stornelli, Santoro, Pinamonti y compañía ya están para ser elevados a juicio. Mientras tanto, el juez investiga el espionaje en la provincia de Buenos Aires, hecho por el cual indagó a las dos máximas autoridades de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En tanto, las indagatorias continuarán la semana próxima con los máximos responsables de tres bases históricas de la AFI en la provincia: la de La Plata, la de Bahía Blanca y la de Mar del Plata, de donde surgió el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan.