Sin responder preguntas, Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), buscó desligarse del espionaje sobre los presos kirchneristas que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide entienden que él dirigió con acuerdo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri.
Acorralado por las contundentes pruebas que se suman a la causa de espionaje ilegal, y al no poder explicar por qué los agentes de la AFI tenían fichas de los presos en sus teléfonos, derivó la responsabilidad en uno de sus subordinados, al tiempo que negó que desde el organismo a su cargo se hayan filtrado las escuchas que se hacían en las cárceles.
Lo que el ex funcionario no pudo negar fue la existencia de un convenio de cooperación que la AFI y el SPF firmaron en junio de 2018, pero trató de correr el foco de la situación de los presos kirchneristas. Dijo que, en realidad, tanto él como el entonces director del Servicio, Emiliano Blanco, estaban preocupados por el avance del crimen organizado en las cárceles y, por eso, los dos organismos buscaron trabajar conjuntamente.
Y hasta llegó a argumentar que a raíz de que el creía que avanzaba el Primer Comando Capital (PCC) -una banda surgida en las cárceles brasileñas-, consideró conveniente tener información desde las cárceles. Ya había invocado en una indagatoria anterior su temor al PCC para justificar la creación de una red latinoamericana de servicios de inteligencia, de la que todavía no hay demasiados detalles.
Durante su declaración ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, Arribas sostuvo: “Niego haber dirigido o formado parte de una organización criminal. Lo que hice fue dirigir la Agencia y nunca cometí ningún delito ni promoví ninguna actividad criminal. Lamento que mi gestión quiera ser empañada por un conjunto de conjeturas falsas y maliciosas que espero sean detalladamente investigadas y objetivamente analizadas por el juez natural de la causa”.
Como si fuera poco, ahora el ex Director general la AFI dio otra explicación inverosímil cuando intentó aclarar por qué sus propios agentes tenían en sus teléfonos las fichas penitenciarias de los presos: sostuvo que él no era a quien debían pedirle explicaciones por ese hecho.
Aprovechó y deslizó que eso era responsabilidad del director operacional de Contrainteligencia, que, para esa época, era Martín Coste, con quien la cúpula de la AFI macrista está visiblemente enemistada. Coste, en todo caso, era un funcionario importante del organismo, pero estaba subordinado a su segunda, Silvia Majdalani, y a él mismo.
En tanto, Arribas sostiene que sólo contestará preguntas una vez que esté definido quién es el juez competente de la causa que, para él, debe ser uno de los tribunales de Comodoro Py. Esa decisión está en manos ahora de la Cámara Federal de Casación.
Mañana será el turno de Majdalani y del ex AFI Leandro Araque. El viernes, les tocará a Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI, y al abogado Facundo Melo.