La Corte Suprema volvió a quedar en el ojo de la tormenta en los últimos días, al simbolizar el poder del tristemente célebre “lawfare” a la hora de comprobar que sus cinco integrantes no sólo perdieron la brújula, sino que, con sus fallos, demuestran día a día de qué lado se ubican cuando se trata de impartir justicia.
La injusticia que pesa sobre Milagro Sala, presa desde hace más de cinco años, registró un nuevo capítulo, cuando el máximo tribunal rechazó por unanimidad la revisión de una pena de dos años que le impusiera la Justicia de Jujuy a la dirigente social, en una causa caratulada como de “amenazas”. Con la negativa de la Corte, la condena quedó firme.
De esta manera, los supremos Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda se ubican a contrapelo de lo aceptado por altos tribunales internacionales, determinando que “no se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte”, reafirmando la posición expresada por el procurador Interino, el cuestionado Eduardo Casal.
La sentencia de la Corte sólo puede ser leída como una respuesta a las expresiones del oficialismo, que incluyeron una movilización a tribunales al momento de cumplirse cinco años de la detención de Milagro.
Y, además, la decisión aumenta la presión sobre el presidente Alberto Fernández, ya que desde su propio riñón y las organizaciones de derechos humanos exigen un cambio radical en el Poder judicial y la sanción de un indulto para posibilitar la libertad de los presos políticos.
Se utiliza el término ‘lawfare’ para referirse al uso abusivo de los procedimientos legales, la manipulación de las investigaciones y juicios penales, el uso de acusaciones sin materialidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente, tal como de manera sistemática lo hizo el macrismo mientras ostentó el poder, y se extiende ahora con su brazo judicial.
El diputado oficialista Martín Soria (Río Negro) echó más nafta al fuego, al emprenderla contra la “mesa judicial” que funcionó en tiempos de Cambiemos, a través de la cual “se manipulaba a la Justicia”. “Convirtieron la Casa Rosada en la sede oficial del lawfare”, sintetizó el legislador, que agregó que el despacho oficial del presidente se convirtió a su vez “en la agencia de Clarín y La Nación”.
Habló de “un Poder Judicial rancio, corrompido y sin rastros de independencia e imparcialidad”, y afirmó que “el lawfare en la Argentina perdió su sede en la Casa Rosada, pero sigue más vivo que nunca en algunos despachos del Poder Judicial; en algunos despachos de la Corte Suprema o de Comodoro Pro”.
Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau volvió a disparar contra la Corte Suprema y a sus integrantes. El legislador oficialista planteó que es necesario avanzar con una reforma judicial “desde la cabeza a hacia abajo”. En ese sentido, precisó: “Hay que reformar la Corte Suprema, hay que ampliarla, hay que reformar la facultad de la Corte de rechazar recursos en queja y hacer algún juicio político a estos jueces”.
Sin pelos en la lengua, el diputado de origen radical aseguró que la Corte es “una corporación que se está defendiendo a sí misma”, y que también “protege al macrismo como sea”, y agregó que “el Poder Judicial no solo sigue con el lawfare, sino que está trabajando a destajo para darle impunidad a Macri”.
Uno de los casos más resonantes es el rol del actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, quien fue denunciado por sus reiteradas visitas a la secretaría privada de Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos.
“Que un juez federal interviniente en causas en donde se investiga a funcionarios opositores se reúna en privado con un Presidente de la Nación es, en sí mismo, un hecho escandaloso y digno de investigación judicial”, escribieron en su presentación los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
Y resaltaron que cada una de las seis visitas registradas en Casa de Gobierno “estuvieron proseguidas por fallos emitidos por ese magistrado que, sin ninguna excepción, agravan la situación procesal de funcionarios o personas opositoras al Gobierno de Macri”.
De acuerdo a los denunciantes, la “Mesa Judicial” era una “organización criminal encargada de presionar sistemáticamente a funcionarios judiciales con el objetivo de afectar la independencia del Poder Judicial”.
¿Quiénes integraron esa organización? Además de Macri, están acusados el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el ex asesor y abogado de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entre otros ex funcionarios.
Según se desprende de este caso, mientras un grupo de jueces visitaba la Casa Rosada, otro, que no fallaba de acuerdo a los intereses del macrismo, era presionado para “alinearse”.