El presidente Alberto Fernández consideró que son una “payasada” las denuncias penales contra el exministro de Salud, Ginés González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a las que calificó como “una falta grave”.
“Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra”, aseveró el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció en México junto a su par de ese país, Andrés López Obrador, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo de ese país.
El mandatario dijo que le pareció “razonable” que se vacunaran el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, y el ministro de Economía Martín Guzmán junto con su equipo, porque debían viajar al exterior para cumplir tareas en representación del país, pese a que finalmente Taiana y Valdés no formaron parte de la comitiva.
Fernández aclaró que, cuando él se aplicó la vacuna contra el coronavirus, lo hizo “para convocar a la confianza ciudadana ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno”.
Al respecto, el mandatario aseguró que “hasta lo denunciaron” por “estar distribuyendo veneno y ahora resulta que los que denunciaron piden que por favor se les dé el veneno a ellos y que consiga más”.
“El tema de las vacunas es muy sensible y debemos tratarlo con mucha seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando”, indicó.
Consultado sobre las irregularidades que derivaron en la salida de González García del Ministerio de Salud, Fernández señaló que “el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de esa talla haya debido dejar su cargo”, pero apuntó: “Terminemos con la payasada; le pido a los jueces y fiscales que hagan lo que deben”.
El mandatario enfatizó que “no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”. “No existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente”, completó Fernández.
Recordó que la Justicia tiene “muchos delitos para investigar, como el negocio de los peajes de (Mauricio) Macri, y el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió que fue un negocio para los amigos del poder”.
Las denuncias
El lunes, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a González García en la causa que investiga si hubo anomalías en el suministro de la vacuna contra el coronavirus a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica.
En paralelo, por la noche la jueza federal María Capuchetti realizó un procedimiento denominado “orden de presentación” en el Ministerio de Salud para recabar información para el avance de la pesquisa.
Taiano había pedido a la jueza que dispusiera el allanamiento del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas para obtener esa información.
La jueza emitió la “orden de presentación” y hubo un procedimiento formal para que Salud proporcione las listas de ingresos y egresos de los últimos 60 días, fotos del lugar, croquis y grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar si en la sede de esa cartera se dispuso un “vacunatorio” especial, dijeron los portavoces judiciales.
El pedido del fiscal incluyó la entrega de imágenes captadas por las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero, constancias de viajes efectuados por vehículos oficiales desde y hacia el Hospital Posadas y la nómina de personas que recibió la vacuna.
Taiano también libró orden respecto del registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas en el Posadas y el listado del personal de la institución asignado al plan de vacunación contra la Covid-19.
En el dictamen que elevó a la jueza federal Capuchetti, el fiscal también imputó al sobrino del exministro y exjefe de su gabinete, Lisandro Bonelli.
La primera de las 14 denuncias sorteadas el lunes fue la del abogado opositor Yamil Santoro y recayó en el juzgado de Capuchetti, por lo que allí se acumularon las restantes, incluida las del fiscal Guillermo Marijuan y la que había realizado la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, las primeras en tomar estado público.
Los denunciantes plantearon que González García “habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos en la Resolución 2883/2020 ‘Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en Argentina´”, sostuvo el fiscal.
Fuente Telam