Rodríguez Larreta y Quirós fueron denunciados por “privatizar” el plan de vacunación

Por presunta “privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus” debido a “los contratos con prepagas y obras sociales” en la Ciudad, esta mañana se presentó una denuncia contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, al sostenerse que al haber impulsado convenios con empresas de medicina privada para la aplicación de vacunas contra el Covid-19, se estaría frente a “una estafa a la ciudadanía y al Estado nacional”.

La denuncia fue presentada por la abogada laboralista Natalia Salvo, quien los acusa de la comisión de delitos de acción pública al “privatizar” la inmunización, y se basa en la supuesta existencia de contratos entre el Gobierno porteño con prepagas y obras sociales encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad. A través de esos convenios, se habrían otorgado privilegios a dichas instituciones privadas y a sus socios.

Desde el Gobierno de CABA aclararon que si la persona tiene como prestadores de salud (obra social o prepaga) a Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Cemic, Osuthgra, Güemes, Osecac u Obsa pueden llamar directamente allí.

“El GCBA, a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, aseveró Salvo en la denuncia.

“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con una pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo”, argumenta la abogada.

En su denuncia adjuntó imágenes de afiches del Sanatorio Güemes en el que ofrece inoculaciones de forma exclusiva a los afiliados de HOMINIS y OSUTHGRA y otro de la AMM con la misma premisa. 

“Como se puede apreciar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido privatizar la campaña de vacunación en clara violación de lo dispuesto por la ley nacional, violando los deberes de funcionario público”, indica Salvo.

“Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean ‘sólo para socios’. En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es ‘socio’ de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”, resume.