La deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se asumió sin determinarse previamente “su impacto en la balanza de pagos” y la “sustentabilidad del endeudamiento”, al tiempo que se “omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones”.
Así lo señala la Sindicatura General de la Nación (Sigen), en un informe sobre los resultados de la investigación que realizó sobre el acuerdo con el organismo financiero internacional que la Argentina suscribió en 2018, para el otorgamiento del préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
En el informe de la Sigen se analizan las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en la materialización del acuerdo y la posible existencia de perjuicio para el patrimonio público.
El documento de la Sindicatura fue remitido por su titular, Carlos Montero, al presidente Alberto Fernández y a Felix Crous, jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que días atrás ya formalizó una denuncia penal por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por los procedimientos aplicados para el acuerdo.
Argentina contrajo una deuda al FMI por un monto total de 44 mil millones de dólares. De acuerdo con el informe, “quedó demostrado que se asumieron compromisos con el FMI sin determinarse antes su impacto en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento, al tiempo que se omitió deliberadamente cumplir con los mecanismos normativos exigidos para este tipo de operaciones”.
De ese informe del Banco Central se desprende que prácticamente la totalidad del desembolso efectuado por el FMI (44.500 millones de dólares) fue utilizado en el mismo período para la formación de activos externos (fuga de capitales), sin que se hayan tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta octubre de 2019, concluyó la Sigen.
En tanto, la Oficina Anticorrupción presentó el viernes pasado una denuncia penal contra el ex presidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
La presentación se basa en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación, y alcanza al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, y los ex titulares del Banco Central, Federico Struzenegger y Guido Sandleris.
En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el 1º de marzo, Alberto Fernández aseguró que el préstamo que el FMI otorgó a la Argentina en 2018 “fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri” y calificó al acuerdo de la gestión anterior con el organismo como “una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”.
“He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”, anunció el presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa.