La justicia en lo Civil y Comercial de San Isidro se declaró incompetente para entender en el recurso de amparo presentado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, contra la suspensión de las clases presenciales y consideró que la que debe resolver la cuestión es la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
“Los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios”, concluyó la magistrada al declararse “incompetente”.
Desde el Municipio de Vicente López anticiparon que apelarán la decisión por considerar que “toda persona física o jurídica que se encuentra afectada en sus derechos e intereses puede interponer la acción” y que la Suprema Corte bonaerense “ha resuelto que cualquier juez tienen jurisdicción para entender acciones de amparo”. También adelantaron que pedirán que lo trate el fuero de alzada, es decir la Cámara Contencioso Administrativo de San Isidro.
La acción de amparo fue presentada contra el gobierno bonaerense, que adhirió a través del decreto 181 al decreto 241 firmado por el presidente Alberto Fernández y que estableció restricciones hasta el 30 de abril para enfrentar la segunda ola de Covid-19. Entre ellas está la suspensión de clases presenciales hasta el 30 de abril, objetada por Jorge Macri.