Cristina Kirchner presentó un pedido para que se anule el juicio oral por la firma del Memorando con Irán, al considerar que toda su tramitación se encontraría viciada. Lo hizo apoyándose en las revelaciones acerca de los accesos de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, tanto a la Casa Rosada –para mantener audiencias con el entonces presidente Mauricio Macri- como a la Quinta de Olivos, donde ambos magistrados también habrían concurrido en momentos clave del desarrollo del caso.
Los dos fueron desequilibrantes tanto para aceptar a la DAIA como querellante y para reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman desestimada en dos oportunidades previas. Sus votos –pese a que estaban excusados de actuar en cuestiones relativas a la AMIA- permitieron que en Casación el caso fuese reabierto y luego, en manos del juez Claudio Bonadio, que se amplificara una causa “melliza” que terminó en instancia de juicio, con la ex presidenta como acusada, todavía sin fecha de inicio.
La vicepresidenta lo hizo a través del abogado, Carlos Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal N°8, y en ese escrito no solo pidió la nulidad, sino su sobreseimiento y la realización de una audiencia pública, según revela Ámbito.com.
En realidad, la anulación está pedida casi desde el comienzo de estas segundas actuaciones, a partir de la resolución dictada el 29 de diciembre de 2016, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen al proceso, apartó a todos los jueces que habían convalidado tal decisión y ordenó la remisión de la causa a un nuevo magistrado para su continuación, y el resto de las cuestiones resueltas que están conectadas con esa decisión y la instrucción de la causa en manos de Bonadio.
“Solicitamos que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso”, indica el escrito ingresado esta mañana. Expresa que deben extraerse testimonios también para investigar a quienes habrían sido partícipes de maniobras ilegales en la tramitación del caso, y que el Consejo de la Magistratura active el mecanismo de remoción contra Hornos y Borinsky.
En lo jurídico, Cristina alegó que se vulneró la garantía de “juez natural” del caso Memorando. Dividió en 10 capítulos las impugnaciones que realizó a todas las intervenciones de ambos jueces de Casación. La presentación hace mención a la Mesa Judicial y a los contactos frecuentes de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y recordó las decisiones de Macri que impactaron directamente en la esfera judicial, la incidencia de la AFI, AFIP, UIF, OA entre otros organismos estatales que habrían entablado una persecución judicial de la familia Kirchner.
En relato pormenorizado de todos los hechos que políticamente había denunciado el oficialismo fueron relacionados a hallazgos en investigaciones judiciales sobre espionaje y el movimiento de jueces para ocupar cargos estratégicos en la resolución de causas dirigidas contra adversarios políticos del macrismo. Cristina hizo mención a todos los procesos judiciales que la involucran. Por eso adjuntó cuatro anexos con documentación, y solicitó hasta declaraciones testimoniales para corroborar reuniones y datos.
“La felicitación de Macri a Hornos y Borinsky no se hizo esperar. Al día siguiente del fallo (30/12/2016), el ex Presidente brindó un reportaje en el cual celebró esta última decisión, no retaceando elogios hacia los nombrados magistrados y criticando duramente a la tercera camarista de Casación Dra. Ana María Figueroa, quien señalaba, como veremos más adelante, la ilegítima intervención de ambos magistrados por una clara violación al principio del Juez Natural”, describe el texto al que accedió Ámbito.
“El 8 de marzo de 2018, la Cámara Federal de Casación penal, nuevamente con el voto de los jueces Hornos y Borinsky, convalidó todas las ilegalidades ocurridas sin siquiera motivar su fallo, declarando inadmisibles los recursos presentados por las defensas”, indicó respecto a la confirmación de los procesamientos dictados por Bonadio, en este caso.
La vicepresidenta no dejó pasar que ambos magistrados también apartaron a la jueza Sabrina Namer, que se había inclinado por el cese de las prisiones preventivas que había dispuesto Bonadio. Cristina retomó parte del voto de Figueroa, que expuso a sus colegas por los antecedentes donde habían declinado participar de asuntos ligados al caso AMIA.
“Cabe señalar que varios de los encuentros que mantuvieron Hornos y Borinsky con el expresidente Macri guardan una relación cronológica con decisiones trascendentes que fueron dictadas por esos mismos jueces en la causa del “Memorándum”, denunció. Son tres visitas relacionadas.
“Por ejemplo, entre la fecha en que la Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó la desestimación de la denuncia del fiscal Nisman (27/09/2016) y la fecha en la cual Hornos y Borinsky revocaron esa decisión, ordenando la apertura de la investigación (29/12/2016), ambos magistrados visitaron a Macri en la Quinta de Olivos; Hornos lo hizo el día 09/11/2016 y Borinsky los días 06/10/2016 y 23/12/2016, es decir, sólo seis días antes de fallar en el presente proceso”, dijo.
En tal sentido, recordó el pedido para conocer los accesos de Hornos, en 2017, en el marco de la causa Oil Combustibles. El propio juez rechazó pedir esa medida de prueba. De haber accedido, se hubiesen conocido las reuniones en tiempo real.
“No solo habrá una nulidad, sino también una conducta delictiva de gravedad institucional. Se trataría nada más ni nada menos que de la utilización del poder jurisdiccional que se le confiere a los magistrados de la Nación para perpetrar delitos tan graves como los son el de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad y prevaricato agravado, todo ello, en el marco de un proceso de convergencia de voluntades que, a no durarlo, representa la verdadera asociación ilícita que debía estar siendo investigada”, culminó uno de los párrafos más duros del escrito.
“Es tan intensa la sospecha de parcialidad que se genera a partir de los ya referidos encuentros entre Macri y los magistrados que cualquiera fueran sus motivos, la validez de su actuación no puede ser mantenida”, argumentó.
La decisión quedará ahora en manos de Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado, que integran el TOF 8, donde está radicado el juicio.