Aprovechando las crecientes fisuras que vienen dominando el frente interno en Juntos por el Cambio, y que amenazan con profundizarse, el oficialismo intentará avanzar en lograr acuerdos con los bloques opositores, para avanzar con proyectos que viene en carpeta.
Hay que tener en cuenta que las negociaciones pasan por el Congreso de la Nación, sobre todo en la difícil Cámara de Diputados donde el oficialismo no tiene mayoría pero cuenta con aliados habituales y dirigentes cambiemitas “amigables”, con quienes se podría llegar a un acuerdo para sancionar iniciativas trabadas.
Por un lado, el jueves próximo en la Cámara baja se debatirá el proyecto que reduce las tarifas de gas en las denominadas zonas frías del país, y que busca beneficiar a unos tres millones de usuarios.
Además, esta semana se apuntaría a iniciativas que no deberían generar mayores cruces. En principio, están descartados tanto el de Emergencia COVID-19 como el de la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF). Éste ya tiene dictamen de comisión mientras que la otra iniciativa del Ejecutivo recién será firmada por los legisladores un día antes de la sesión convocada para su tratamiento.
Desde Juntos por el Cambio ven cómo el oficialismo puede acordar con el bloque de José Luis Ramón, dispuesto a acompañar ciertas iniciativas a veces incluyendo modificaciones, y observan las reacciones de Eduardo Bali Bucca, Andrés Zottos y otros que podrían ayudar al oficialismo. Más allá de eso, consideran que es difícil que se lleven algo de la alianza que fundaron Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz.
Pese a esa consideración, hay algunos dirigentes que hasta ahora se mostraron amigables con el Gobierno de Alberto Fernández, no confrontaron ante la necesidad de gestionar pandemia. Se trata del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el de Corrientes, Gustavo Valdés, y el de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En Mendoza, Rodolfo Suárez supo pelear con la administración nacional y tal vez es una figura más impredecible.
Larreta no tiene diputados propios que puedan llegar a patear el tablero y acordar por fuera de los designios de la mesa nacional. Suárez está prácticamente descartado, por lo que Morales y Valdés pueden aparecer como dos figuras con quienes es posible dialogar para intentar llegar a un acuerdo.
Por otro lado, la Cámara de Diputados buscará convertir en ley el proyecto de Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El recinto pasó a un cuarto intermedio el pasado 19 de mayo cuando se iba a tratar en la sesión el acuerdo fiscal rubricado entre Alberto Fernández y los gobernadores, y ahora busca reanudar esa deliberación esta semana.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Además, establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.
Otro punto central del acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y se establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Para lograr su objetivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la conducción de la bancada del FdT -que conduce Máximo Kirchner- comenzaron en los últimos días a buscar consensos con Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y de Unidad para el Desarrollo para incluir en la sesión el proyecto de reducción de tarifas aquellas ciudades que tienen muy bajas temperaturas y no tienen ningún beneficio.
De hecho, este proyecto presentado por Kirchner fue producto de un trabajo que realizó el FdT con los interbloques provinciales, con lo cual tienen garantizado el número para incluirlos en esa sesión y se estima que también contará con el respaldo de la mayoría de los diputados de JxC.
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.