El vicepresidente del Ente Regulador de la Comunicación (Enacom), Gustavo López, repudió hoy el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que permitió al Grupo Clarín aumentar los valores de su servicio de telecomunicación a su antojo.
El Gobierno había apelado el fallo de primera instancia en busca de que la Corte Suprema de Justicia defina el litigio legal, pero ahora el fallo de segunda instancia lo impide.
En una entrevista en El Destape Radio, López explicó que “todos los jueces de primera instancia de Capital Federal, Mar del Plata y otras localidades no dieron lugar a los amparos presentados para detener el decreto. En abril, la Sala 2 avaló el amparo y entonces nosotros presentamos un recurso extraordinario para que la Corte Suprema defina y la Cámara nos impide que lleguemos a esa instancia. Es un escándalo político judicial”, enfatizó.
El funcionario apuntó contra los dos jueces de la Cámara en lo Contencioso, José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, que votaron en contra del pedido del Enacom para acceder a la Corte. “Deciden por 45 millones de argentinos”, sostuvo.
López precisó que ahora el Gobierno podrá llegar a la Corte Suprema mediante el recurso de queja, pero que el tiempo procesal de respuesta del máximo tribunal es de seis meses. “Esto quiere decir que Clarín te va a cobrar lo que quiera por 6 meses”, y además, la misma Sala permitió que las empresas Telecentro y Directv también van a tener los precios liberados.
El DNU 690 declaró los servicios de internet, tv paga y telefonía fija y móvil como servicios públicos esenciales y en competencia, y fue ratificado por el Congreso Nacional el año pasado.
En diciembre último, el Enacom, en cumplimiento del decreto, emitió dos resoluciones: la creación de la prestación básica universal para los grupos socioeconómicos vulnerables, y el descongelamiento de los precios de los servicios con un incremento de 5 % para el primer mes del 2021.
Todas las grandes empresas del sector iniciaron acciones judiciales para recuperar la capacidad de determinar los precios de los servicios libremente.
La cautelar de la sala II que suspende la aplicación del DNU y, por ende, la obligatoriedad de ajustar los precios a los aumentos autorizados por el Enacom genera una discriminación entre las tres empresas amparadas por la sala (Telecom, Telecentro y DirecTV) y el resto de las compañías (Claro, Telefónica, Supercanal y las miles de pymes y cooperativas) que cumplieron con los aumentos autorizados.
En ese sentido, López dijo: “No hay ningún argumento que justifique suspender un Decreto mientras se discute si es válido o no, ya que el decreto que establece los servicios públicos de cable e internet fue ratificado por el Congreso”.
Agregó que “Clarín dice que puede ir a la quiebra si se limitan los aumentos de precios. Pero en el primer trimestre de 2021 ganó el doble en dólares que en 2020”.
Asimismo, aseguró: “No puede ser que cada vez que hay una ley que involucra a Clarín la frenan años en la Justicia”, por lo que “vamos a tomar otras medidas para que el decreto que regula las tarifas de Clarín sea efectivo”.
“Vamos a estudiar otros mecanismos para ver cómo revertir esto”, adelantó finalmente López, mientras subrayó que ese camino se buscará “más allá de la cuestión judicial”.