La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Piparo, denunció en las últimas horas al joven al que atropelló junto a su marido, Juan Ignacio Buzali, en la noche del 1° de enero por “falso testimonio”.
La defensa de la legisladora realizó una presentación en la justicia contra el joven que la denunció por “intento de soborno” y al que le dio plata, zapatillas y un celular, como ella misma admitió públicamente en redes sociales y en los medios.
El abogado de Piparo, Marcelo Peña, lo denunció al menor por “falso testimonio” ante el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, pero la defensa rechazó la acusación argumentando que la propia diputada “confirmó” las declaraciones en notas con los medios y en sus redes sociales. Y respondieron un escrito ratificando los dichos del menor.
A mediados de junio, el joven reveló ante la justicia que durante una reunión con Piparo, la legisladora le entregó 2 mil pesos, un celular y unas zapatillas. “Seré joven, inexperto, sin dinero (pobre) pero no soy un delincuente para tener que andar encontrándome a escondidas con la esposa de quien fuera el victimario de los hechos”, dijo el chico al denunciar el encuentro y anunciar que cambiaba de abogados.
A raíz de la esa denuncia, el abogado Martín de Vargas, quien representa al mayor de los jóvenes atropellados por Piparo y Buzali, Luis Levalle, solicitó el mes pasado ante el Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, que se revoque el arresto domiciliario de Buzali por considerar que existen “peligros procesales” dado que tiene “poder político y económico para entorpecer la investigación”.
Ese pedido fue denegado finalmente ayer por Garmendia, quien consideró que el arresto domiciliario fue “oportunamente revisada y analizada en profundidad por la cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, sobre todo en cuanto a los peligros procesales que se le atribuyen”, a Buzali. Además, la magistrada consideró que la denuncia sobre la reunión informal y el presunto entorpecimiento probatorio que ello implicaría, “debe ser profundizada en su investigación, dilucidando si hay responsabilidad de quienes hayan asistido a esa reunión”.