Marcos Peña, el todopoderoso jefe de Gabinete durante el macrismo, parecía un personaje intocable, beneficiado no sólo por haber sido un operador constante desde las sombras, sino también por el hecho de haber desaparecido del universo político desde que abandonó el poder en diciembre de 2019.
Pero ese blindaje llegó ahora a su fin: el fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial lo imputó, junto al canciller de la gestión de Cambiemos, Jorge Faurie, en la causa que investiga el contrabando de material bélico represivo de Argentina a Bolivia, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
“Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación” en los hechos, según surge de la imputación fiscal.
Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la “organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.
En la ampliación de la denuncia, el Gobierno nacional consideró probada la participación del ex presidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en noviembre de 2019.
Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos cuando se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.
“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostuvieron en aquel escrito.
El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que “el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje”.
“Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia”, agregó la presentación.
Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Macri.
Mientras, la Gendarmería terminó días atrás con un sumario interno que se originó para averiguar cómo se produjo la salida de las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de la Policía, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
A partir de esta investigación se supo que los gendarmes confirmaron que nunca usaron esas balas, por lo que la coartada de la dirigencia de Cambiemos quedó desarticulada.
“Se ratifica la inexistencia de órdenes de adiestramiento e instrucción que autorizaran el uso de municiones de cualquier tipo en Bolivia; también que pallets con las municiones fueron observados en el Hércules, pero que no fueron trasladados adonde los llevaron a ellos”, anticipó la ministra de Seguridad Sabina Frederic.