Pareciera ser que, finalmente, la eterna novela que tiene como protagonista a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón estaría llegando a su fin: mientras el principal operador judicial en las sombras de Mauricio Macri no pudo negar su condición de prófugo ante el Parlasur, Interpol activó el alerta roja para su detención, luego de ser declarado en rebeldía y que la justicia ordene su captura nacional e internacional.
De esta manera, se van cerrando los caminos para el abogado, quien se escapó a Uruguay el 8 de diciembre de 2020, país eludir la acción de la justicia argentina, que lo había citado a declarar en una causa por presiones a directivos del Grupo Indalo (C5N y Radio 10) Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En las últimas horas, el ex funcionario macrista reapareció y se presentó por videoconferencia en el marco del proceso abierto en el Parlasur donde sus integrantes decidieron desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió, sin éxito, que se le conceda el estatus de refugiado político.
En mayo de este año, la jueza María Servini lo declaró en rebeldía, y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
Según detalló Servini, lo que se investiga –a partir de una declaración judicial de Fabián De Sousa- son “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.
“Pepín” estaba convocado a prestar declaración indagatoria en esta causa y en ese marco decidió escaparse a Uruguay. El ex asesor de Macri se autodefinió como un perseguido político y pidió refugio en el país vecino.
Frente a sus pares del Parlasur, después de intentar esquivar varias preguntas tuvo que reconocer que lo que tiene en Argentina es una causa penal por delitos comunes –amenazas y extorsiones contra los accionistas del Grupo Indalo– donde decidió no presentarse a indagatoria y que la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) dictaminó que debe ser rechazada su solicitud de refugio.
Con frases entrecortadas y por momentos imprecisas, buscó poner énfasis en que la justicia uruguaya todavía no tomó ninguna decisión sobre su suerte y que mientras tanto tiene protección como si fuera un refugiado. Pero no respondió con argumentos a la acusación concreta presentada en su contra por la parlamentaria Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y su par Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa), que le atribuyen “inhabilidad moral” y “falta de decoro” precisamente por eludir a la justicia del país al que representa como parlamentario.
El parlamentario por Argentina, Julio Sotelo, desestimó la teoría de que Rodríguez Simón es un supuesto perseguido político al afirmar que casos como este, “son delitos comunes y no hechos susceptibles de pedir asilo político en un país extranjero”.
“Al estar firme la resolución de la jueza Servini, que ordena su inmediata detención, y al ser un representante ante organismos internacionales, constituye una absoluta falta de decoro que un prófugo de la Justicia argentina represente al país ante el Parlasur donde están integrados Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”, expresó en declaraciones radiales.
Ahora tendrán el desafío de juntar los votos, ya que para expulsar a un parlamentario hace falta una mayoría de dos tercios: 86 votos de 120 integrantes del parlamento. Primero habrá un despacho de comisión y después habrá que ver hacia donde se inclinan los votos. La demora de la justicia uruguaya aumenta más aún la incertidumbre.