El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, fue denunciado junto a tres funcionarias del municipio por no cumplir con la ley 27610 y “obstaculizar” el derecho al aborto legal en los centros de salud sanitarios de la comuna.
La presentación contra el jefe comunal de Juntos por el Cambio fue realizada por la Campaña por el Aborto Legal, la Red Salud Decidir y la Multisectorial de las Mujeres de Mar del Plata quienes acusan a Montenegro y a Mónica Listosella (Jefa de División de Clínica Médica), Verónica Palmisciano (Directora General de Salud) y Carina Conde (Subsecretaria de Salud), de no cumplir desde comienzos de octubre con la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en las salas de salud municipales.
El reclamo de las organizaciones surgió por una resolución firmada el 5 de octubre por autoridades de la Secretaría de Salud en la que se prohíbe a algunos profesionales de la División Clínica Médica a hacer actividades relacionadas con el aborto, a pesar de lo que marca la legislación nacional sancionada en diciembre por el Congreso.
“Los profesionales de la división no podrán realizar en sus horas moduladas o extraordinarias de consultorio o guardias actividades relacionadas a la IVE/ILE”, se consignó en la resolución difundida por las mismas entidades, y en otra parte también se estableció: “Los profesionales de otras divisiones o secretarías que cumplan función en nuestras guardias tampoco están autorizados a hacerlo”.
En un comunicado de prensa, la regional Mar del Plata rechazó la decisión de la secretaría de Salud de la municipalidad de General Pueyrredón donde se prohíbe a los profesionales de la división clínica médica de los Centros de Atención Primaria realizar actividades relacionadas con la Ley IVE/ILE: “Es un claro intento de obstaculizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo”.
Además, expresan su adhesión a la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a decidir que ha manifestado su preocupación y descontento ante la resolución referenciada, considerando que “es ilegal que una jefatura prohíba a sus profesionales determinadas prácticas que competen a la profesión médica independientemente de su especialidad”.
La organización responsabiliza a las firmantes de la resolución: Mónica Listosella, Verónica Palmisciano, Carina Conde y al intendente de Juntos Guillermo Montenegro, advirtiendo: “Nosotras estamos organizadas y alertas. Nuestro derecho a la interrupción Voluntaria del embarazo ya está en vigencia y no vamos a tolerar ninguna acción que intente obstaculizar el acceso”.