En el marco de la causa por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el juez federal Martín Bava ya terminó de recibir las declaraciones que le faltaban y que había pedido Mauricio Macri al momento de presentarse a indagatoria, por lo que está en condiciones de resolver en los próximos días si procesa o no al ex mandatario por las tareas de inteligencia ilegal que se hicieron sobre las familias de los submarinistas.
En las últimas horas llegó al juzgado federal de Dolores el testimonio que brindó por escrito el jefe de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, quien descartó que ese organismo -encargado de la seguridad del Presidente y de su familia- mantuviera contacto asiduo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como sugerían Macri y otros de los imputados en la causa.
Mientras tanto, Macri insistirá ante la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py, para que el juez Bava no siga al frente de la causa.
Hay que recordar que la Cámara Federal de Mar del Plata había rechazado el pedido de recusación que presentó la defensa del ex presidente, y de esa forma ratificó la continuidad del Juez. Sin embargo, ahora le concedió el recurso de Casación para que la definición del asunto se tome en los tribunales de Comodoro Py, tal como pretende Macri.
En cuanto a la investigación, el 3 de noviembre pasado el ex mandatario había pedido una serie de declaraciones testimoniales con el objetivo de robustecer la hipótesis que se insinuaba en el escrito que le entregó a Bava: que la AFI, en realidad, no espiaba a los familiares, sino que estaba colaborando con la Casa Militar con tareas que se hacían antes de que el presidente visitara un determinado lugar. Es lo que se conoce como la “avanzada” antes de un evento en el que participa el primer mandatario.
Entre ellas pidió las declaraciones de José Luis Yofre, que fue jefe de la Casa Militar durante el gobierno de Cambiemos, y de su segundo, Guglielmi, que ocupa ese cargo actualmente. El coronel Guglielmi declaró que no interactuaba ni con la AFI ni con el ministerio del Interior en lo que hacía a la seguridad del Presidente, de su entorno y de la residencia oficial.
Según revela Página/12, Guglielmi explicó que, antes de un evento en el que participaba el Presidente, iba personal de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la Casa Militar para conocer el área y coordinar los requerimientos con las fuerzas de seguridad locales o federales. ¿Cuál era el rol de la AFI en toda la cuestión? La ex SIDE entregaba un informe socioambiental en papel, y el día del evento iban integrantes de la AFI para ratificar o rectificar lo que habían informado. De la declaración, a priori no queda claro cómo era ese informe o qué datos contenía.
Al respecto, el jefe de la Casa Militar remarcó que ese organismo no le hacía pedidos a la AFI de ningún tipo, y dejó en claro que la intervención de los integrantes de la ex SIDE era siempre antes de que el Presidente llegara al terreno o que estaban en el perímetro mientras se encontraba en determinado lugar.
De esta manera, con lo que declaró Guglielmi, no podrían justificarse los partes que mandaban los agentes de la delegación Mar del Plata de la AFI anticipando cuáles serían los reclamos que determinados familiares de los submarinistas le harían en próximas reuniones a Macri -que, además, no iban a ser en Mar del Plata, sino en la Casa Rosada-, o los seguimientos que le hacían cuando marchaban por la ciudad balnearia o se presentaban ante el Concejo Deliberante local.
Bava, además, recibió la declaración de la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, que fue quien denunció a Macri en septiembre del año pasado. La funcionaria informó que se había encontrado la resolución que creó en ese organismo una dirección de enlace con la Casa Militar durante la gestión de sus antecesores, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Trascendió que Caamaño se quejó por algunas de las preguntas que le remitió el fiscal Juan Pablo Curi, diciendo que, en realidad, deberían ser respondidas por los antiguos responsables del organismo. El presidente Alberto Fernández, al igual que prohibió la participación de los espías en investigaciones judiciales, vetó su intervención en la llamada “avanzada” presidencial.
Tanto la declaración de Caamaño como la del diputado del PRO Cristian Ritondo -que integra la Comisión Bicameral de Inteligencia-, quedaron reservadas en el juzgado. La mayoría de las preguntas que le enviaron al legislador estuvieron centradas en que dijera si era el Presidente quien debía controlar lo que sucedía en la AFI o la Bicameral. El argumento no parece especialmente sólido porque, entre otras cosas, Macri eligió a Arribas por la confianza que tenía en él y también porque era, de sus amigos, el más acostumbrado a las trampas, según declaró el ex presidente.
Con estas tres declaraciones, Bava terminó con los pedidos que había hecho Macri, desbaratando así la teoría de que el juez estaba apurado por procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.
El magistrado esperó que la Cámara Federal de Mar del Plata lo confirmara al frente del expediente, y continuó avanzando con las medidas de prueba que faltaban. Tras haber finalizado la ronda de testimoniales, Bava debería resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Macri.
En la causa ya están procesados los jefes máximos de la AFI macrista, el ex director de Reunión Interior, Eduardo Winkler, y el ex jefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez. Cinco agentes que revistan o revistaban en esa delegación de la ex SIDE fueron procesados también. Todavía falta que Bava resuelva la situación procesal de los ex directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste.
Según reconstruyó el juez, los agentes de la AFI Mar del Plata siguieron, fotografiaron y se infiltraron entre los familiares de los submarinistas. Las tareas ilegales se habrían extendido entre diciembre de 2017 y finales de 2018, cuando finalmente se halló el submarino que se había hundido el 15 de noviembre del año anterior.
De acuerdo con Bava, los agentes de la base Mar del Plata informaban a Winkler y él a sus jefes. Para el juez, las tareas de la AFI tenían un único objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían los reclamos que ellos llevarían a encuentros con él o harían públicos.