Como en la modalidad de el billar a tres bandas, los intendentes de la provincia de Buenos Aires ya cuentan con tres caminos para sortear el impedimento de volver a presentarse en las elecciones de 2023, según estableció la ley 14.836 aprobada en el año 2016 entre gallos y medianoche entre la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa.
La ley establece que intendentes, diputados y senadores, concejales y consejeros escolares sólo podrán permanecer en el cargo por dos mandatos consecutivos y que, para volver a presentarse, deben dejar pasar un período. El punto más controversial es que la ley es retroactiva y toma como primer mandato el año 2015, por lo cual más de 90 jefes comunales no podrán presentarse en la próxima elección.
Los intendentes, tanto del oficialismo como la oposición han planteado que la ley debe ser cambiada. Para ello han iniciado tres caminos: el legislativo, el judicial y el gambito político.
Legislatura. El diputado provincial Walter Abarca, del Frente de Todos, presentó un proyecto que modifica el artículo 3 al afirmar “el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”. Con la modificación, pasaría a solo definir que “el intendente será elegido directamente por el pueblo y durará cuatro años en sus funciones para ser reelecto”.
El diputado no se conforma con la reelección, sino que modifica en la Ley Orgánica de las Municipalidades, otorgándole autonomía a los municipios para que definan si aceptan o no las reelecciones indefinidas o solo un periodo o quizás prohibirlas. “Limitar las reelecciones de los intendentes es un retroceso en las autonomías municipales”, argumenta Abarca y otorga facultades a cada municipio para determinar su régimen de reelecciones.
Judicial. La segunda opción se produjo en las últimas horas, cuando la concejal de Malvinas Argentinas, Andrea Carina Pavón, se presentó a la justicia para ser autorizada a un nuevo periodo, ya que la ley fue aprobada en el 2016 pero en su artículo 7 es retroactiva al año 2015.
El juez Jorge Aníbal Ocampo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de San Martín, resolvió suspender cautelarmente la aplicación del art. 7 de la ley provincial nº 14.836 y su decreto reglamentario 265/19. Dicho artículo dispone que el período vigente al momento de la sanción de la ley será contado como “primer período” a los efectos de limitar la reelección.
En su demanda, la funcionaria señaló que se trata de la aplicación retroactiva de una norma y, por ello, inconstitucional. Así, su primer período como concejal quedaría regido por el art. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que no limitaba la reelección. También entendió que la reforma atenta contra la autonomía municipal, que vulnera términos electorales anteriores, así como el principio de legalidad y el de razonabilidad (arts. 18 y 28 CN), y el derecho a elegir y ser elegido/a.
El magistrado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada, entendiendo que la verosimilitud del derecho se encuentra configurada ya que “sin certeza sobre la vigencia y contenido de la ley (…) no existe seguridad jurídica (…). La ley está subordinada a las garantías constitucionales; y los actos de la autoridad administrativa a la ley. De lo contrario (…) la discrecionalidad y la arbitrariedad sustituirían a la certidumbre de los derechos y a la estabilidad jurídica. En otras palabras, desaparecerían garantías constitucionales”.
Gambito político. Mientras se espera que la Legislatura o la Justicia resuelvan el tema, muchos jefes comunales buscaron un gambito político que implica renunciar dos años antes al municipio, por lo cual podrán volverse a presentar en el 2023.
La lista es amplia. El gobierno nacional sumó a los intendentes Gabriel Katopodis (General San Martín) como ministro de Obras Públicas; Jorge Ferraresi (Avellaneda) como ministro de Desarrollo Territorial y Habitat; Santiago Maggiotti (Navarro) como secretario de Hábitat; Francisco Echarren (Castelli) como director Nacional de Desarrollo de Obras del Ministerio de Transporte; Juan Zabaleta (Hurlingham) como ministro de Desarrollo Social; Ariel Sujarchuk (Escobar) como titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable; y Osvaldo Cáffaro (Zarate) como coordinador de programas en el Ministerio de Desarrollo Territorial
Por su parte, la provincia de Buenos Aires incorporó a Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) como jefe de Gabinete; Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) como ministro de Infraestructura; Hernán Y Zurieta (Punta Indio) como administrador General de Vialidad; y Héctor Olivera (Tordillo) como titular de la Autoridad del Agua.
En la oposición, Jorge Macri (Vicente López) se sumó a las filas del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
Por otro lado, varios jefes comunales jurarán como legisladores. Por el Frente de Todos se postularon a diputados provinciales Carlos Puglelli (San Andrés de Giles), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Alejandro Dichiara (Monte Hermoso) y para senador provincial por la Cuarta Walter Torchio. En Juntos, fue electo Claudio Rossi (Rojas) como diputado provincial por la Segunda Sección y Érica Revilla (General Arenales) como senadora provincial por la Cuarta.
Si no se modifica la ley, habrá 44 jefes comunales de la oposición que no podrán presentarse, 25 del Frente de Todos y 4 vecinalistas.