El viceministro de Justicia, Martín Mena, el juez Juan María Ramos Padilla y el dirigente social Luis D´Elía, fueron denunciados por supuestamente alterar el orden constitucional a raíz de la convocatoria a una marcha frente al Palacio de Justicia el próximo 1 de febrero, para cuestionar el funcionamiento de la Corte Suprema.
Lo más absurdo es que los delitos que tipifican en la acusación, son “rebelión” y “amenaza de rebelión”.
La denuncia fue presentada por el abogado macrista Isaac Wieder -conocido por su presencia en causas de alto impacto mediático- en el fuero federal de la Capital Federal. En ella, citó declaraciones de Luis D’Elía, entre otros, donde refiere que hay que “echar” a los miembros del máximo tribunal. También, Mena habló del “hartazgo” de la gente y a favor de la movilización frente al Palacio de Justicia donde funciona la Corte.
Por su parte, Ramos Padilla, titular de la Cámara del Tribunal Oral Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los principales impulsores de lo que será una multitudinaria movilización. En las últimas horas advirtió que “sacaremos este poder que afecta la soberanía el desarrollo y La Paz de Nuestro Pueblo”.
En una nota escrita hoy por el operador ultramacrista Daniel Santoro en Clarín, llega al extremo de asegurar que “es la primera vez en la historia que un juez pide la renuncia de sus jefes supremos”.
A dos semanas de la marcha, desde distintos ámbitos crece el interés por el objetivo de la convocatoria, que apunta sobre todo a transformar el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial, y para pedir “el fin del lawfare”.
Desde el oficialismo resaltan la hipocresía de una oposición que repudia una marcha contra la Corte, y recuerdan que en el caso de los halcones del macrismo hubo un caso similar hace algo más de un año. Fue cuando a fines de 2020, un grupo de manifestantes convocados de forma expresa por la titular del PRO, Patricia Bullrich, se movilizó a raíz de un fallo del tribunal, que establecía que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli deberían dejar sus cargos en cuanto se eligiesen nuevos magistrados por concurso.
Por eso, algunas de las consignas de la convocatoria son: “No a la Corte mafiosa”, y “La podredumbre del Poder Judicial hay que terminarla con el pueblo en la calle”.
Según el denunciante Wieder, pedir “echar” a los miembros de la Corte, sin el proceso constitucional a través del Congreso, atenta “contra el orden constitucional y la vida democrática conforme al artículo 226 bis del código penal argentino y los artículos 36, 29 y 22 de la Constitución”.
A criterio del letrado, no es una convocatoria para ejercer el derecho a peticionar u opinar, sino para “obligar a los miembros de la Corte a que renuncien”.
En Twitter, D’Elía negó la acusación, y sostuvo con ironía que la denuncia es un acto “bien democrático. La Corte Suprema de Macri, de Magneto y de la Embajada de EE.UU denunció penalmente por la marcha del 1/2 a Juan Martín Mena, a Juan María Ramos Padilla y a mí”.
En cambio, para el denunciante con la participación del Gobierno en la marcha se “está violando la independencia de los poderes”.
El artículo 226, que citó el denunciante Wieder, dice que “serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.
Además, recordó que el artículo 22 de la Constitución señala que “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete el delito de sedición”.
“Acá se está citando a la gente no para que exprese su opinión, sino para obligar a la Corte Suprema de Justicia que renuncie”, sostuvo el denunciante.