Alberto Pérez, el ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli, se presentó ante el juzgado Federal a cargo de Ernesto Kreplak, ratificó los audios presentados del subcomisario Casassa que hablan de la Mesa Judicial, amplio información sobre la persecución política y pidió ser querellante de la causa.
En el escrito presentado por Pérez ante el juez se destacó que en el marco de la mesa judicial se llevaron a cabo “una serie de episodios de espionaje ilegal, cometidos por quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial entre los años 2015-2019”.
El ex jefe de Gabinete solicitó “ser tenido por parte querellante habida cuenta de mi carácter de particular damnificado, puesto que he sido ilegalmente espiado, junto a distintas personas de mi entorno y a centenares de opositores al entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la recolección de información ilegal”.
Para el funcionario, esta información ilegal “luego era entregada a medios periodísticos afines con el objeto de realizar campañas mediáticas y nutrir de información a fiscales y jueces para alentar persecuciones judiciales también manifiestamente ilegales”.
A la vez, Pérez pidió que se tome declaración al subcomisario Hernán Casassa, quien durante el gobierno de Juntos por el Cambio encabezó los allanamientos a su vivienda y al exsubsecretario de Asuntos Administrativos Walter Carbone.
El efectivo policial también estuvo a cargo de requisar la casa, la empresa y hasta el club del exgobernador Scioli y casi cien domicilios más.
Para Pérez, en los audios aportados a la justicia Casassa “ha sido especialmente claro al describir la mecánica de este perverso método para fabricar imputaciones penales falsas y ulteriores persecuciones ilegales” y reiteró: “En el gobierno de Vidal se espió ilegalmente a opositores y ello quedó demostrado ahora por el audio”.
“Allí Casassa reconoce que se usaban Nosis (sistema de información económica), información irregular de la AFI y de la Unidad de Información Financiera (UIF) para enviársela a Elisa Carrió y que esta presente denuncias”, indicó.
Sostuvo que ello “es espionaje ilegal” y viola “la Ley Nacional de Inteligencia, porque ni la policía, ni el Ministerio de Seguridad pueden hacer inteligencia y la AFI sólo puede hacerlo con orden del juez”.
Pérez recordó que existe una causa en la que ya se pudo advertir la matriz del armado de acusaciones penales, aunque el juez Federico Atencio y la fiscala Cecilia Corfield, llegaron hasta un punto y no se avanzó más. Se refiere a una investigación contra Guillermo Berra,que era el jefe de Asuntos internos de la policía bonaerense, y su pareja, María Rosario Sardiña exauditora especializada de investigaciones patrimoniales. La denuncia original había sido presentada por otro policía, Néstor Omar Martín, exjefe de superintendencia de Coordinación Operativa. Berra y Sardiña fueron procesados por haber utilizado fondos públicos de la fuerza para obtener información y almacenar datos sobre personas que no tenían vinculación alguna con lo que investigaban en la policía.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense se gestionaron, por ejemplo, informes de Nosis sobre 15.000 personas. Fueron cerca de 40.000 pedidos a esa base de datos privada, que contiene información patrimonial y financiera sobre personas, pero el expediente se limitó a unos 2500 informes, que eran los que pedía Asuntos Internos. Otras fuentes de consultas ilegales fueron la AFIP y Migraciones. Pero había, al parecer, otras dependencias de aquella cartera que los gestionaban y son los casos que quedaron fuera de la causa judicial. Entre ellos estarían los rastreos de información sobre Pérez, Scioli y otros funcionarios, pero también sobre sindicalistas como Roberto Baradel, acerca de quien se rastreó información en el pico de su pulseada con Vidal por la situación de los docentes, sobre el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y también sobre empresarios como Fabián de Sousa (Grupo Indalo) y Víctor Santa María (Grupo Octubre).