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La Plata
6 octubre, 2022
PAÍS

“Cómplice del poder económico”: la dura acusación de Alberto Fernández en la cara de los jueces de la Corte

El mal funcionamiento del Poder Judicial, y en particular las llamativas posturas sobre cuestiones sensibles por parte de la Corte Suprema de la Nación, fueron dos de los blancos sobre los que ayer disparó el presidente Alberto Fernández durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Tras enfatizar que “necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, con todas las letras, el jefe de Estado acusó al máximo tribunal de complicidad “con el poder económico”, al atribuirle por dejar vigente un fallo que habilitó un tarifazo en los servicios de las telecomunicaciones.

Fernández se refería concretamente a los favores que recibió el Grupo Clarín para aumentar a gusto las tarifas de cable, internet y celular pese a que un decreto lo prohíbe: “En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios -explicó-. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”.

El decreto suspendido por la Justicia es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cual el presidente Fernández estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado.

Como no podría ser de otra manera, el Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El Enacom apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte, por lo que el Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso.

Los cuatro ministros cortesanos, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, escucharon con cara de piedra las críticas presidenciales en vivo y en directo, ya que finalmente concurrieron al Congreso para ser parte del acto institucional.

Además, Alberto reclamó por la falta de tratamiento de la reforma Judicial que envió en 2020 y que perdió estado parlamentario, pese a lograr media sanción en el Senado. En el estado actual, sostuvo que “lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.

Sin embargo, en sus dos años como presidente, el bloque del Frente de Todos no logró votar ninguna de las reformas impulsadas por la Casa Rosada. Tampoco designar a su elegido para la Procuración General, el juez federal Daniel Rafecas. Y todavía debe nominar una candidata para la Corte Suprema de Justicia, que funciona con cuatro miembros desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco.

Y para despejar cualquier duda, Fernández fue explícito y acusó a los opositores de tener otra razón para impedir los cambios y las designaciones: “Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.

 

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