Finalmente, la Corte asestó el golpe de gracia contra las instituciones, al asumir de hecho el poder en la República

En lo que no deja de ser una cachetada a la Constitución Nacional y, en consecuencia, la apertura de una peligrosa puerta hacia el abismo, un inevitable conflicto de poderes y la inestabilidad institucional, la Corte Suprema de Justicia logró su objetivo de que su titular, Horacio Rosatti, asumiera también al frente del Consejo de la Magistratura, tal como ocurrió este mediodía.

“A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene la resolución del máximo tribunal.

El dictamen de la Corte fue firmado en tiempo récord por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El cuarto integrante, Ricardo Lorenzetti, se encuentra fuera del país, más precisamente en México.

De esta manera, el tribunal consumó su virtual golpe institucional, al sostener en la resolución que “los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quorum será de 12 miembros y las comisiones deberán ser conformadas según lo establecido en el art. 12 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939)”.

Horas antes, la Corte había solicitado que el juzgado federal de Paraná le remita el expediente por el cual otorgó la medida cautelar que frenó la designación de representantes del Congreso en el organismo.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte.

Asimismo, en la resolución de hoy, con el objetivo de salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso (cuyo ingreso fue judicializado), la Corte argumentó que “resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”.

En diciembre del año pasado, la Corte declaró inconstitucional el balance entre consejeros técnicos y políticos, y fijó un plazo de 120 días -que venció el viernes último- para que el Congreso sancionara una nueva ley o se volviera a la composición de veinte miembros previa a la ley modificada en 2006 que los redujo a 13.

En tanto, el bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos advirtió que se trata de un hecho “de enorme gravedad institucional que, amparados en una legislación derogada en febrero de 2006, por una ley del Congreso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia asuma la Presidencia del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial”.

A través de un comunicado, los legisladores del oficialismo además le exigieron al máximo tribunal que “arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación”.

“Así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura (prevista por la Ley 26.080) es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación”, remarcó la bancada que preside Germán Martínez.