Maqueda, juez de la Corte Suprema, salpicado por graves irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

María Guadalupe Burgos, sobrina de la esposa del ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, reconoció, en la causa que investiga las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que durante 17 años firmó cheques por los pagos de la obra social, que suman alrededor de mil millones de pesos mensuales, sin tener ninguna designación, sin ser contadora ni tener ninguna otra profesión y con escaso o ningún control. A cambio, cobró un sueldo mensual de $ 400.000.

Según revela hoy Raúl “Tuny” Kollmann en Página/12, un dato no menor es que la mujer llegó a su puesto exactamente al mismo tiempo que asumía Maqueda en el máximo tribunal. Ahora, el juez Ariel Lijo no sólo investiga el funcionamiento interno de la obra social, sino las contrataciones, en especial de empresas cordobesas vinculadas al cortesano.

En la causa que se tramita en Comodoro Py participan como querellantes las distintas corrientes de los gremios de la justicia. El punto básico que puso en marcha el escándalo es que la obra social funcionaba relativamente bien y en los últimos años empezó a defeccionar en los servicios y, además, entró en una gravísima bancarrota económica.

Dentro de la Corte, Maqueda era el responsable del seguimiento y lo hacía a través de un hombre de su estrecha confianza, Aldo Tonón. Como quedó claro a partir de la declaración de Burgos, también los demás puestos de responsabilidad estaban en manos de familiares o allegados al juez de la Corte.

Dentro del máximo tribunal, algunos sostienen que, en razón de su edad, Maqueda perdió algo del control de la obra social y eso derivó en desmanejos de todo tipo. Como su voto es hoy imprescindible en cualquier decisión, desde el Palacio de Tribunales tratan de amortiguar el escándalo.

En su declaración, Burgos relató que ingresó a la obra social en 2005, al mismo tiempo que su tío. Ante el magistrado, admitió que no tiene formación ni como contadora ni como abogada, y que no existió ninguna resolución del máximo tribunal designándola como virtual secretaria de administración. Como no tenía estudios universitarios, la tuvieron que ubicar en la categoría de subsecretaria, pero ella manejó la tesorería, es decir todos los pagos a los prestadores, médicos, reintegro a afiliados y la totalidad de los movimientos de dinero habituales.

Algunos meses del año la sumatoria se ubicaba por encima de los mil millones de pesos, en otros meses estaba levemente por debajo de esa cifra. Pero siempre se trató de cantidades enormes de dinero, con escaso control porque no había buena documentación respaldatoria, lo que fue uno de los factores que derivaron en la tremenda crisis actual.

En el expediente se percibe la conducción de hecho de Maqueda en los altos niveles de la obra social. Su histórica secretaria, Martita, fue directora; su actual secretaria, Maribé Bonucelli, también ocupó un cargo de alto rango; María Guadalupe Burgos firmaba los cheques, mientras que su hermana trabaja en la Corte, al igual que la madre de ambas.

Buena parte de ese grupo de allegados a Maqueda, empezando por Tonón, afrontarán las imputaciones, sobre todo a partir de la investigación sobre las empresas cordobesas que se quedaron con contratos de gran envergadura, sin tener ni antecedentes ni estructura: Farmandat, por ejemplo, una empresa cordobesa casi inexistente, ganó una licitación por 2.600 millones de pesos. La adjudicación la firmaron Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y el propio Maqueda, mientras que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no pusieron su rúbrica.

Mucho antes, Farmandat había sido denunciada más de una vez por lo que se llamó “la mafia de los medicamentos” y, en el camino, también la asociación de oftalmólogos sostuvo que hubo decisiones arbitrarias y maniobras sospechosas en las contrataciones de servicios.

Entre las cuestiones escabrosas de la causa está la supuesta contratación de un software de geolocalización destinado a ubicar a los empleados de la obra social. Hay una acusación que apunta contra el administrador, a quien se le adjudica haber utilizado ese software para controlar a una empleada con la que mantenía una relación sentimental.

La causa por los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial se inició a raíz de la denuncia de un empleado que sostuvo que se estaban utilizando bienes, en especial celulares y computadoras que fueron adquiridos por la obra social, pero los usaban algunos directivos. Además, se menciona la existencia de afiliados de privilegio, que recibían autorizaciones para tratamientos no contemplados por la cartilla, mientras que a la mayoría de los demás afiliados se les negaban esas autorizaciones.

El expediente estuvo en el juzgado federal número 6, que está vacante, por lo que hubo momentos en que las decisiones las tomaron distintos jueces. Hoy está en manos de Ariel Lijo, en el juzgado 4. En los meses transcurridos se hicieron varios procedimientos, con presencia policial, en la sede de Lavalle al 1600.

Tras el recambio en la presidencia de la Corte, se evaluaron los resultados de una auditoría, se designó a un nuevo administrador y se están tratando de amortiguar, tapando el escándalo, las gravísimas consecuencias de las irregularidades. Aun así, todo indica que en los próximos meses -sobre todo a partir de la declaración de Burgos- la investigación puede convertirse en una auténtica bola de nieve, con final impredecible.