Correo Argentino: la fiscal pidió la nulidad del fallo que suspende la quiebra de la empresa del clan Macri

La fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo que, a favor de la familia Macri una vez más, había suspendido el trámite de la quiebra del Correo Argentino para que la causa pueda seguir adelante.

Ya con el récord de mantenerse en los tribunales por más de 20 años, la causa volvió a caer en estado de parálisis. La novedad de los últimos días fue que ahora Mauricio Macri y su familia consiguieron suspender la decisión sobre la quiebra de la empresa, decretada en 2021, hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre una maniobra que ellos mismos impulsaron.

El expediente por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado y más de 700 acreedores lleva más de 20 años en los tribunales: la Corte, por su parte, no tiene plazos y resuelve lo que quiere cuando quiere, por lo que la operación es más que evidente: una vez más, los Macri ganan tiempo y no pagan sus deudas.

En el recurso extraordinario presentado ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Boquin solicitó la “nulidad” de la sentencia previa por “impedir la intervención del Ministerio Público Fiscal” y denunció “gravedad institucional”, “denegación de justicia” y “desnaturalización de la garantía de plazo razonable”, además de plantear la “irregularidad” del voto de la jueza Matilde Ballerini del fallo del 4 de mayo último.

Sostuvo que todo apunta a beneficiar al Correo, seguir prolongando un proceso judicial que lleva un récord único en el fuero de casi 21 años, evitar analizar el dictamen en respaldo de la quiebra donde ella puso al descubierto una infinidad de irregularidades durante el proceso y alertó acerca de una onda expansiva capaz de paralizar el fuero con decisiones similares.

“En legal tiempo y forma vengo a interponer recurso extraordinario contra la resolución dictada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial atento resultar nula, contraria a derecho y arbitraria”, expresó Boquin, en razón, dijo, de “haberse avocado a decidir un pedido formulado hace casi nueve meses por Correo Argentino SA, por el cual solicitó se suspendiera el proceso e incidentes y se dejara sin efecto la vista cursada a este Ministerio”.

El 4 de mayo último la Cámara Comercial con los votos de Matilde Ballerini y la subrogante María Elsa Uzal -Guadalupe Vásquez votó en disidencia- firmó una sentencia que causó sorpresa: cuando se esperaba que el tribunal dijera si avalaba o no la quiebra, resolvió dejar todo en suspenso. ¿Por qué? Porque la empresa de la familia Macri lo había pedido, con el argumento de que la Corte Suprema tiene pendiente resolver otra cuestión: si puede intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), que cuenta con una mayoría ostensiblemente afín al macrismo/larretismo.

Se trata de una corte local, que revisa decisiones de la justicia porteña, pero en este caso el concurso de acreedores tramita desde 2001 ante la justicia nacional comercial, es decir, otra jurisdicción, cuyas sentencias son históricamente revisadas por el máximo tribunal del país. Los supremos tienen este asunto entre manos desde mediados del año pasado. El Procurador interino Eduardo Casal se opuso a la competencia del TSJ, aunque su opinión no es vinculante.

“De esta presentación no se me corrió vista para dictaminar. Así, el decisorio recurrido fue dictado luego de haberse emitido el correspondiente dictamen sobre la cuestión principal y sustanciadas las observaciones de la concursada sobre el mismo”, añadió la fiscal, en una presentación que tiene fecha del 19 de mayo último, pero se conoció en las últimas horas.

Para Boquin, el fallo del 4 de mayo que suspendió el trámite de la quiebra del Correo Argentino fue “carente de todo sustento fáctico y fundado en normas que no corresponden ser aplicadas al caso, contrariando decisiones anteriores del Tribunal y aún los pedidos de la propia concursada, quien -luego de pedir la suspensión ahora concedida- exigía insistentemente la emisión del dictamen y el dictado de sentencia por parte de la Cámara”.

“Lo expuesto afecta el principio de congruencia, la garantía del debido proceso y atenta contra la legalidad del trámite”, señaló la fiscal y añadió que “el fallo es nulo pues se omitió otorgar, previo a decidir, vista al Ministerio Público Fiscal del pedido de suspensión formulado”.

Así, insistió, “se soslayó la función que ejerce el Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional y se afectó el debido proceso legal por el cual debo velar”.

Por eso, Boquin reclamó que “se conceda el recurso extraordinario interpuesto por cuestión federal por nulidad (atento a la omisión de vista al Ministerio Público) y arbitrariedad de sentencia, nulidad del voto de la Dra. Ballerini por arbitrario e incongruente, gravedad institucional y violación de la garantía de plazo razonable”.

La fiscal solicitó que “oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje sin efecto el pronunciamiento del 4/5/2022”.

En tanto, la Procuración del Tesoro recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia que decidió suspender el proceso de la quiebra del Correo de la familia Macri, al presentar un recurso extraordinario.

En un nuevo recurso ante el máximo tribunal, la Procuración planteó que el fallo de Cámara que decidió suspender el proceso “no tiene sustento jurídico” y causa un “gravamen irreparable”.

El organismo que preside Carlos Zannini planteó la “gravedad del daño” que provoca no sólo al Estado, sino al conjunto de los acreedores, a los que “somete a una nueva demora” en un proceso que lleva más de 20 años en la justicia y se posterga indefinidamente.

“Han dado un paso más en la postergación de la definición de este proceso que ya debería ser sin ninguna duda liquidatorio”, dice uno de los párrafos del recurso extraordinario ante la Corte.