Una de cal y una de arena: la Corte Suprema de Justicia confirmó los procesamientos de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por el espionaje a Cristina Kirchner y el Instituto Patria, pero al mismo tiempo ratificó la intervención de los tribunales de Comodoro Py, lo cual representa un fuerte respaldo para el macrismo, que había presionado para sacar esa causa del juzgado de Lomas de Zamora, donde se había iniciado y tomado impulso.
Se trata del caso “Super Mario Bros”, donde se analiza un espionaje masivo y sistemático de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri a dirigentes políticos, sociales, sindicales, empresarios, periodistas y presos políticos.
Así, el llamado máximo tribunal de Justicia resolvió una serie de planteos que hacen a la megacausa de espionaje ilegal macrista. Sin adentrarse en el fondo de la cuestión, una Corte compuesta por conjueces, abordó distintos incidentes.
El dato más destacado fue la ratificación de que la megacausa continuará su curso en los tribunales de Retiro. Allí, justamente, recibió un duro golpe cuando la Cámara Federal porteña suscribió la tesis del cuentapropismo para beneficiar a la mayoría de los 38 procesados que tenía el caso.
Esos procesamientos se habían dictado en los tribunales de Lomas de Zamora. Pero la causa se mudó de jurisdicción luego de un fallo que firmaron en abril del año pasado los camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de Ángela Ledesma. Borinsky fue uno de los jueces que se reunió 16 veces con Macri en la Quinta de Olivos, mientras que Carbajo fue designado por el propio ex presidente.
Hubo tres planteos en contra de esa decisión que escalaron a la Corte, en queja. Uno de ellos fue presentado por la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, que es una de las víctimas del espionaje ilegal. Carlos Beraldi, abogado de CFK, había sostenido que lo resuelto por Casación “por mayoría, importa un gravísimo caso de arbitrariedad, que además determina un supuesto de gravedad institucional”.
Pero en las últimas horas la Corte desestimó las quejas por una cuestión de forma, sin adentrarse en el fondo del asunto. Sostuvieron que la queja “no se dirige contra una sentencia definitiva”, y por tal motivo quedó firme la decisión de la Sala IV de Casación de considerar competente a los tribunales de Comodoro Py.
Como los cuatro ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se habían excusado de intervenir, lo hicieron cinco conjueces: Juan Carlos Bozón (de la Cámara Nacional en lo Penal Económico), Guillermo Antelo (de la Cámara Civil y Comercial Federal), Javier Leal de Ibarra (de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia), Ramón González (de la Cámara Federal de Corrientes) y Mario Leal (de la Cámara Federal de Tucumán). Los cinco rubricaron las desestimaciones.
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