La Cámara Federal de La Plata resolvió que el caso de la Gestapo antisindical, que complica al ex presidente Mauricio Macri y a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no pase a los tribunales de Comodoro Py, como reclamaron ex funcionarios del Ejecutivo provincial procesados en la causa, por lo que, por ahora, la pesquisa continuará a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Según precisa El Destape, la decisión la tomó el titular del tribunal platense, Jorge Eduardo Di Lorenzo, quien confirmó lo resuelto por Kreplak luego de analizar una apelación presentada por el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.
El pedido de que el caso pase a los tribunales de Retiro tuvo la adhesión del intendente de La Plata, Julio Garro, y del senador provincial de Cambiemos, Juan Pablo Allan, dos de los procesados que tiene este caso que involucra también a ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). “Los motivos que dio el magistrado a tal fin parecen suficientes para rechazar las apelaciones, a ese respecto, de las defensas de Grassi, y de Garro y Allan, y los argumentos del Fiscal Federal adherente”, escribió Di Lorenzo.
La intención de los ex funcionarios macristas de llevar la investigación a Comodoro Py es evidente, teniendo en cuenta que los hechos demuestran sobradamente que en esos tribuales Cambiemos juega de local.
El caso Gestapo antisindical es una causa de alto impacto político que involucra a Macri, Vidal y a la cúpula de la AFI macrista por el armado de causas judiciales para perseguir al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.
El 28 de abril pasado, Kreplak procesó a Grassi, Garro, Allan y a los ex directivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci por violar la Ley de Inteligencia Nacional y por considerarlos partícipes necesarios del delito de prevaricato. La medida también incluyó al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se planeó el armado de causas contra el “Pata” Medina. Kreplak dejó asentado en esos procesamientos que continúa la investigación y apunta a la cúpula de los gobiernos nacional, provincial y municipal, como así también de la AFI, jueces y fiscales.
Grassi, Garro y Allan apelaron la resolución del 27 de abril pasado en la que Kreplak –un día antes de dictar los procesamientos- rechazó la declinatoria de competencia que le pedía el 2 de Justicia de Vidal. Básicamente, Grassi sostenía que la justicia federal porteña era la competente para intervenir en este caso.
Frente al rechazo, Grassi apeló ante la Cámara Federal de La Plata, insistiendo en su escrito en que Kreplak “no es el juez natural, porque se investigan personas que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y de la A.F.I. durante el anterior gobierno”. Para Grassi la recolección de pruebas “se dirigió a demostrar la existencia de reuniones celebradas, justamente, tanto en la Casa de Gobierno Nacional como en la sede central de la AFI, todos con domicilio en la Capital Federal.”
Allan y Garro también apelaron en pos de trasladar la causa a Comodoro Py. Se trata de la única causa que –junto a la que investiga el envío de armas a Bolivia- incomoda a Macri y está por ahora fuera de la órbita de los tribunales de Retiro.
Ahora, la Cámara platense resolvió la apelación de Grassi, Garro y Allan: para el presidente del tribunal, Jorge Eduardo Di Lorenzo, los apelantes y el fiscal de cámara “segmentan sin razón la constelación fáctica global y despojan de ella los hechos” de la causa al plantear “que el lugar de comisión de los hechos que hay que tener en cuenta es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque según argumentan, lo que importa es que en este proceso se investiga una estrategia del gobierno nacional y que las reuniones se habrían celebrado allí, y en lugares como la Casa Rosada y la AFI”.
“La supuesta estrategia que se investiga sería atribuida efectivamente a los máximos niveles de decisión del gobierno nacional, como lo acentuaron los apelantes, pero también se atribuye esa estrategia a los máximos niveles de decisión del gobierno provincial y municipal, con lo cual aquí también se aprecia que se toma de todos los datos fácticos solo aquellos que interesan para llegar a la solución que desde el inicio se pretende defender”, escribió Di Lorenzo.
“En esa medida, por tanto, no les asiste razón a los apelantes y al Fiscal adherente cuando fundamentan que el lugar de comisión de los hechos es sólo el del fuero federal porteño”, indicó.
Para la cámara “los hechos ilícitos investigados y por los que fueron procesados los imputados podrían considerarse cometidos en todas las jurisdicciones que se han señalado a lo largo de esta resolución. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del art. 43 ter de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI”.
Con ese marco de fondo, el tribunal platense consideró que el juez Kreplak tuvo presente distintos elementos válidos para fundamentar su decisión de que el caso quede en su jurisdicción y no pase a Comodoro Py: “Tuvo presente los domicilios de la mayoría de las partes, el grado de desarrollo y avance de la investigación y la mayor proximidad con la prueba que deriva de una mayor proximidad con los hechos, etc”.
“Los motivos que dio el magistrado a tal fin parecen suficientes para rechazar las apelaciones, a ese respecto, de las defensas de Grassi, y de Garro y Allan, y los argumentos del Fiscal Federal adherente”, concluyó la Cámara.