Por Luis Alen. Hace más de 30 años que ejerzo la docencia en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de Derecho a la Información que fuera de Eduardo Luis Duhalde y de la que hoy soy titular concursado. Además, soy abogado desde hace todavía más años. Y cuando aparece una causa judicial que resulta trascendente sigo su devenir, me intereso en las noticias que la mencionan y cuando salen publicadas, leo las resoluciones. Cosa que, evidentemente, muchos periodistas o no hacen o si lo hacen, deciden ignorarlas.
Perdonen si me pongo un poco en profesor. El Derecho a la Información es uno de los derechos humanos fundamentales y tiene una tríada esencial: buscar, recibir y difundir información. Así lo definen la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IV), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13). Todos esos instrumentos gozan, entre nosotros, de jerarquía constitucional, según el art. 75 inc. 22 de la CN.
Ahora bien, como lo dicen los mismos instrumentos citados, es un derecho que puede ser reglamentado por ley para proteger la seguridad nacional y la reputación de los demás. Es decir, su ejercicio reconoce límites legales. Pero existen otras limitaciones, unas de carácter fáctico (ya que no todos tienen la posibilidad de ejercerlo a pleno) y las más importantes, de carácter ético. En virtud de ello, se reconoce que los comunicadores sociales, en tanto son quienes ejercen más plenamente este derecho, tienen un contrato tácito con la sociedad y deben, por lo tanto, actuar con lealtad informativa y cuidando la veracidad.
Nada de eso ocurre con una serie de “periodistas” que se han lanzado a la defensa de jueces y fiscales cuyo mayor logro es haber participado de campeonatos de futbol amateur organizados por el dormilón fanático de Netflix. No es extraño que lo hagan, sus trayectorias son, en ese aspecto, coherentes.
Ninguno de los supuestos hechos de corrupción en los que se pretendía involucrar a los amenazados, al menos hasta ahora, ha sido probado y tampoco han sido condenados o imputados directamente por tales conductas. Es decir, los “hechos de corrupción” no existieron, fueron simplemente la amenaza utilizada para tratar de proscribir a la odiada Cristina y de ese modo, servir a oscuros intereses políticos. Qué tiene eso que ver con un ejercicio ético de la profesión?
Se trae a la memoria la obra de Truman Capote, al que se atribuye haber inaugurado un género (el de la investigación periodística sobre un hecho trascendente, narrada con los recursos de la novela policial negra) para pretender una equiparación que en definitiva, resultaría en que Santoro hizo lo que Capote, o sea entrevistó criminales y narró sus crímenes sin tener participación en los mismos. Falso otra vez. Por varias razones. Aún con la admiración que puede suscitar la obra de Capote, lo cierto es que antes que este siquiera comenzara la investigación que lo llevó a escribir In cold blood (A sangre fría), ya Rodolfo Walsh había escrito su magistral Operación Masacre y luego publicado también El caso Satanowsky, dos obras maestras de la investigación periodística sobre los crímenes del poder, descriptos y denunciados por alguien que sí supo actuar, toda su vida, con fidelidad al compromiso ético que asumió tempranamente. Es claro que los defensores de Santoro lejos están de Walsh. Si esto solo no alcanzara, cabría decir que en A sangre fría, Capote entrevistó a dos criminales, confesos de sus crímenes y condenados por los mismos., acusan a cualquiera que salga en defensa de las debidas garantías de un proceso, tan groseramente vulneradas. y le endilgan ser “kirchnerista“. Como en los peores tiempos dictatoriales, tener determinada ideología u opinión política parece ser criminal, para algunos. No es así.
Vaya otro ejemplo. El 17/08/2022 la Tribuna de Doctrina “informaba” (es un modo de decir): “Repudian a Roberto Navarro por incitar a la violencia contra periodistas”. La bajada de la nota continuaba: “El director de El Destape apuntó contra Jorge Lanata, Luis Majul, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann; Adepa emitió un comunicado para defender la libertad de expresión y senadores opositores presentaron un proyecto para condenar las amenazas”. El problema, como siempre, es que las “noticias” que publica el órgano periodístico de la derecha no tienen demasiado que ver con lo realmente acontecido. Porque lo que Roberto Navarro había hecho, justamente, es señalar de qué manera ciertos empleados de LA NACIÓN y de su primo el clarinete mentiroso incitaban, ellos sí, a la violencia contra aquellos que no comparten la manera de pensar -o los intereses- de sus patrones.
Navarro dijo (e incluso la nota lo transcribe) que “Los [Jonatan] Viale, los [Jorge] Lanata, los [Eduardo] Feinmann, los [Luis] Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, [Alfredo] Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien”. ¿Dónde están las “amenazas” de Navarro?
Dos de los empleados de LA NACIÓN anunciaron que iniciarán acciones judiciales contra Navarro (vaya desde aquí mi solidaridad para él). Uno podría decir que no es una mancha sino un halago que tipos como Majul o Feinmann te denuncien, pero con el Poder Judicial que tenemos, cualquier presentación, incluso una tan disparatada como estas, puede terminar de la peor manera. Los corifeos de la derecha, nucleada en Juntos por el Cambio, rápidamente se lanzaron a denostar a Navarro. Martín Tetaz, Patricia Bullrich, Mario Negri, Guillermo Dietrich, Alfredo Cornejo, Pablo Blanco, se manifestaron como defensores de la libertad de expresión cuando justamente lo que hicieron es ir contra la misma. Peor lo de instituciones como la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), que dirige Silvina Giúdici, siempre dispuesta a atacar a los que piensan distinto y a defender lo indefendible, y a expresar “su profunda preocupación por las amenazas del conductor Roberto Navarro contra un grupo de periodistas de las señales de noticias La Nación+ y TN”. Nunca se escuchó a Giúdici ni se conoció comunicado alguno de su fundación cuando manifestantes de la derecha atacaron a periodistas de C5N. La libertad, para Giúdici, solo es para que sus amigos sigan mintiendo, desinformando, propalando discursos de odio, amenazando, incitando a la violencia. Eso le parece una conducta apropiada. Denunciar que eso pasa, es lo que no debe hacerse. De manera similar se expresó el nucleamiento de los dueños de medios, ADEPA. “Desde Adepa siempre se ha condenado toda clase de incitación a la violencia. Es sumamente peligroso que se naturalice la posibilidad de que una crítica periodística, por dura que sea, pueda terminar avalando una represalia o una réplica violenta, que exceda el libre y aún intenso intercambio de opiniones y cruce el límite de la paz social”. Caramba. Si uno lo leyera inadvertidamente, creería que la institución se sumó a lo expresado por Navarro, pero es exactamente lo contrario.
A ver si nos entendemos. Los empleados de LA NACIÓN y CLARÍN a los que se refirió Navarro se la pasan amenazando, insultando, agrediendo de cuanta manera pueden a cualquiera que no tenga sus ideas. Celebran cualquier acto de violencia que se produzca contra cualquier persona señalada o sospechada de simpatizar con el odiado populismo, y lo reproducen en sus páginas y pantallas como si se tratara de una épica victoria. Pero cuando alguien señala lo riesgosa que es esa conducta, inmediatamente es señalado como enemigo de la libertad de expresión, y en ese ejercicio cotidiano de adjudicarle al otro lo que ellos hacen, denunciado y agraviado.
Que el derecho a la comunicación, del cual la libertad de expresión es uno de los principales elementos constitutivos, es uno de los derechos humanos fundamentales, nadie lo niega. Ocurre que ese derecho debe ser ejercido éticamente, no para fines espurios. Y acá, en esta bendita Argentina, está pasando desde hace rato lo contrario. Pero es tiempo de terminar con los falsos periodistas, los falsos opinólogos, y hasta las falsedades de pseudo constitucionalistas de diversa laya que bien poco aprecio muestran por la Constitución cuando no vacilan en vomitar su odio contra todo lo que despreciativamente engloban como “populismo“: Defensores de una “república” oligárquica y conservadora, plumas al servicio de grupos monopólicos que anhelan asfixiar todo vestigio de la libre expresión, más temprano que tarde la historia los ubicará en su lugar. El reservado para aquellos que nunca quisieron ni soportaron la felicidad y el bienestar del pueblo.